GUIDO AGUILA RESPALDA A MAGISTRADOS PROVISIONALES

“Un fiscal debe ser mitad policía y mitad abogado para investigar”

“Una sentencia de un juez provisional tiene igual valor que la de un juez titular”, asegura presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Un fiscal debe ser mitad policía y mitad abogado para investigar”
  • Fecha Lunes 3 de Julio del 2017
  • Fecha 12:00 am

 -Doctor, ¿qué hará el CNM para que los próximos jueces supremos sean elegidos entre los mejores juristas, magistrados y abogados del país?

Tres cosas, aunque algunas de ellas no se va a poder implementar para este examen porque se requieren reformas legislativas. Me parece que son tres cosas fundamentales que se debe tener. Lo primero es abrir el abanico de posibilidades de mayor cantidad de candidatos. La Constitución señala que tienen que ser magistrados con 10 años de experiencia, y la Ley de Carrera Judicial determina y pone el apellido materno de “Titulares” a los jueces. De tal manera que se pierde toda una cantidad importante de magistrados, que podrían sumar los 10 años como magistrados superiores, si es que se sumara la titularidad con la provisionalidad. La responsabilidad es la misma. No una sentencia firmada por un provisional tiene menor valor que una sentencia firmada por un titular.

-Pero, ¿se puede presionar a un provisional?

En el tema de las presiones hay esa posibilidad, pero también hay la otra, que el provisional como no es titular tiene que hacer buena letra todos los días.

-Ocurre que siempre hay una crítica negativa contra los provisionales…

Una crítica que aquí, para nosotros en el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, puede tener hasta cierto punto razón. Es cierto, cuando hay una persona que no tiene mayor responsabilidad y que es provisional se puede doblegar fácilmente en su voluntad o su imparcialidad. Por otro lado, hay de estos magistrados que, justamente, igual que cualquier personal contratado, que no tiene estabilidad laboral, llamémoslo así, está llamado más bien a hacer una buena letra siempre, en su calidad de tal.

-Imagínese una Sala de jueces provisionales y tienen un caso muy importante y mediático. ¿Cómo respalda usted a esos jueces provisionales?

Ese es un tema ya de liderazgo. Es cierto, yo reconozco que crece el diámetro de la posibilidad de que puedan doblegar su voluntad. Pero ahí es mucho más porque recordemos que estos son nombrados por presidentes de Corte, y si este presidente de Corte tiene capacidad y tiene liderazgo le da no solamente la autonomía y la libertad que se señala, sino que además le va dar el respaldo a su resolución. O sea, es una línea muy delgada, pero me parece que lo más sano que podemos hacer es el primer punto. Para volver a la pregunta, tener que elegir a los mejores jueces supremos es ampliar el abanico de posibilidades, animar al abogado, al jurista. Sucede que generalmente un jurista de renombre no se expone porque tiene la posibilidad de desaprobar el examen escrito.

EXAMEN TRANSVERSAL

-¿Cuánto se ha avanzado en su gestión para reducir la provisionalidad de jueces y fiscales?

Lo que hemos planteado es que no se necesita una ley, sino es la hetero-postulación. Que las instituciones digan “yo propongo al jurista tal para que postule”, de tal manera que ya no eres tú solamente con tu voluntad, sino que cualquier grupo importante, asociación o colegio profesional sea el que te postule. Lo que necesitamos es que lleguen los mejores magistrados y, para llegar a ello, el diámetro de candidatos tiene que ser mayor. Otra medida para elegir a mejores jueces es que en la Corte Suprema un juez puede pasar por las tres salas. Hay jueces supremos que han pertenecido a la Sala Civil, a la Sala Penal y a la Sala Constitucional y Social. Entonces, lo que tenemos que tomar es un examen transversal. Que sea un examen que se evalúe a todos en lo mismo. Hasta ahora lo que había era un examen donde se establecía lo penal, y tenemos muchos penalistas. Se ponía énfasis en lo civil, tenemos muchos civilistas, pero no tenemos, por ejemplo, en la Sala Constitucional. En una época como esta, que es de pleno constitucionalismo, el examen tiene que ser transversal. Ya no hay que lo penal no me lleve a lo civil o que lo civil no me lleve a lo penal. Tiene que ser un examen transversal. Que sea una persona que tenga un buen basamento de todo el derecho. Pero además de ello, debe tener una capacidad argumentativa, de tal manera que hoy con estos temas tan sensibles ganará aquel que sea capaz de exponer las buenas razones. Un examen debe ser de gran conocimiento del derecho, pero una gran capacidad argumentativa. Y es que una gran diferencia que se da en el ámbito curricular, el doctorado tiene un determinado puntaje y no podemos discriminar. Pero digamos que en el Perú hay un universo de doctorados, desde doctorados los fines de semana, los doctorados virtuales, hasta doctorados a una dedicación completa. Ahí me parece que en lo curricular deberíamos tener una calificación. No es lo mismo que se saque un doctorado aprobando con 13 o 14 con las justas y un doctorado donde la tesis tenga una recomendación de publicación. Si las universidades y escuelas de postgrado nos ayudan con esto, podríamos tener un mayor grado.

FISCAL MITAD POLICÍA

-¿Los magistrados que nombra el CNM están en condiciones de asumir casos complejos de crimen organizado y corrupción al más alto nivel?

Muchas veces nos han preguntado eso y hemos dado una respuesta que las sostenemos pero que, además, en este caso, va a ir acompañada de otro tema. Tenemos que partir, primero, de la confianza en nuestros magistrados, máxime en los que estamos nombrando, porque los que estamos nombrando lo hacemos con una especialidad, respetando el orden de méritos y con una interdicción de la arbitrariedad. Aquí no hay el derecho de veto, simplemente porque al señor candidato yo lo veto porque no me gusta, no me parece. Entonces, creo que estamos haciendo un mejor procedimiento de selección. Ahora, los temas de criminalidad organizada como los que estamos viviendo son temas muy complejos y donde deja la sensación de que por la estructura que tenemos el magistrado no llega, o puede llegar con todos los filtros morales de voluntad de trabajo, pero no llega con toda la capacidad de conocimiento. Si uno ve cómo se forman los jueces en España, por ejemplo, donde no solamente hay que aprobar un examen sino que además le siguen 23 meses de preparación para ser juez, dedicados a tiempo completo para esto. Si vemos que nosotros aquí tenemos la Academia de la Magistratura, que con todo el esfuerzo que está haciendo, los cursos los brinda en la noche, los fines de semana. Entonces, no alcanza para ello, es más, por una sentencia del Tribunal Constitucional no es obligatorio para postular que lleven un curso en la Academia. Se produce una incoherencia mayúscula. Es que yo lo nombro primero al juez que después todavía va a hacer su curso, para que pueda juramentar. Me parece que la estructura de la capacitación no da la talla. ¿Quién enseña en el Perú a un fiscal a investigar? Hay que reformar la capacitación del magistrado. La Academia de la Magistratura brinda cursos importantes, con una extraordinaria plana docente, pero me parece que el tema está en la formación del magistrado. Un dato que no es menor. En octubre del año 2016 realizamos 473 entrevistas a fiscales que postulaban a jueces. De los 473, 401 eran fiscales ya en actividad que en vez de querer hacer carrera en el Ministerio Público estaban dando un giro de tuerca hacia el Poder Judicial. Y entonces, uno trata de preguntar y la respuesta es muy formal: que quiero aplicar mi experiencia, ver el otro ángulo de la justicia. La verdad es que con el Código Procesal Penal, el fiscal de hoy es un fiscal que trabaja tres veces más. Es un fiscal que lleva turnos permanentes, es un fiscal que debe saber investigar. El fiscal de hoy debe ser un fiscal mitad policía para la investigación, mitad abogado para determinar como juez. Y eso me parece que no lo terminamos. El sistema no le brinda todavía esa capacitación.

-¿Qué papel juega la sociedad civil para el nombramiento, postulación y elección de los jueces supremos?

Este un tema interesantísimo. A veces nos centralizamos en los supremos porque tienen la última palabra, pero quien está en contacto con la población es el juez del primer piso, digamos. Con respecto a la sociedad civil, acá hay un tema que me parece fundamental, pues muchas veces al CNM se nos dice ‘ustedes no han permitido la participación de la sociedad civil’. Pero la sociedad civil ya está en el CNM. La razón de que de siete de nosotros, dos obligatoriamente no sean abogados, porque vienen de colegios profesionales, es producto de la participación de la sociedad civil. Otro tema está en que estas elecciones, a veces, no tengan la difusión del caso, no tengan la visibilidad del caso para poder hacer un filtro y ver que las personas que puedan llegar sean personas realmente representativas. Cada norma que establece el CNM es publicada, el reglamento ya está prepublicado para el examen de Suprema. Pero si la sociedad civil considera que hay un jurista importante lo puede postular.

-¿Qué cambios ha introducido el CNM para mejorar la selección y nombramiento de jueces y fiscales?

Tres cambios fundamentales. El primero, la especialidad. Este es un tema que antes no se tenía. Al juez que postula para una plaza penal se le pregunta su especialidad; al que postula en familia también, y en eso ganamos mucho. Lo segundo es que hemos implementado un examen a prueba de balas, es decir, si antes en algún momento de la historia del CNM hubo la sombra de que el examen podía salir, de que el examen se podía conocer, hoy no es así. Hoy le hemos puesto candados por todas partes, es un examen absolutamente confiable, que comienza a imprimirse cuando los postulantes recién van a ingresar a la universidad.

LA DESTITUCIÓN

-El CNM ha establecido, de carácter obligatorio como precedente administrativo, que los jueces que se avoquen a causas que no son de su competencia…

Este es el quinto precedente del CNM, los cuatro primeros han sido para ratificación y este es el primero que es para procedimiento disciplinario, que es donde el CNM destituye. ¿Cuál es la finalidad de un precedente? La finalidad de un precedente es que genere dos cosas: predictibilidad y seguridad jurídica. Es decir, queremos evitar que ante un determinado hecho, alguien diga “oye que por este hecho tú quedas destituido”, y luego más adelante un magistrado por el mismo hecho no sea destituido. Eso genera predictibilidad y una seguridad jurídica. Qué es lo que estamos diciendo. Una de las mayores prácticas que se han dado para que el CNM destituya es que había jueces que han estado otorgando licencias de pesca, que han estado dando ascensos a militares, a policías. O sea, han ido mucho más allá de lo que les correspondía. Generalmente, mediante la modalidad del amparo, cuando esto no se debería ver mediante un amparo, sino más bien en un proceso contencioso administrativo. Allí es donde hemos señalado el camino. Entonces, el juez ya sabe. La norma lo permite, que tú presentes el amparo en el domicilio del quejoso. Si tú tienes varios domicilios ahí no se puede hacer nada, pero que tú le pidas a un juez que te otorgue una licencia de pesca, mediante un amparo cuya figura busca retrotraer las cosas al estado anterior, pues no te busca darte una solución. Con esto los magistrados ya deben estar advertidos que si comenten esta infracción no hay otro camino que la destitución. Y para el CNM también es un freno para cuando quiera interpretarse algo de una manera distinta.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL

-Usted ha escrito un libro denominado “El precedente constitucional”. ¿De qué manera en la actualidad cobra relevancia este libro en que se plantea la necesidad de regular la institución para un adecuado control del poder en el Tribunal Constitucional?

Lo hemos escrito a titulo personal como profesional. Pero es un tema importante porque hoy el principal ente creador de normas es el Tribunal Constitucional. Antes, en las facultades de derecho se enseñaba con la ley en la mano; hoy se enseña con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esa jurisprudencia el TC ha dicho que es vinculante, obligatoria para todos los ciudadanos y para todas las entidades del Estado. Entonces, eso se llama precedente constitucional. Lo que hemos hecho es un análisis, primero, de la institución que es de origen anglosajón, que es más de Inglaterra o Estados Unidos que de nuestra tradición jurídica, pero una vez que lo trajimos y con nuestro análisis deducimos que ha tenido un desarrollo con altibajos, un desarrollo informal, con grandes aportes pero a la vez con marcadas incongruencias e incoherencias. Y eso es lo que mostramos en el libro y lo que denunciamos en el texto, es el desarrollo irregular que ha tenido el precedente constitucional.

-Pero en la Constitución de 1993 no menciona el precedente constitucional, lo hace el Código Procesal Constitucional (2004) en su título preliminar. Pese a ello el TC ha emitido a la fecha un total de 49 precedentes constitucionales con fuerza de ley y de aplicación general. Algunos precedentes se han aplicado con apenas tres votos, en otros casos ha habido marchas y contramarchas de acuerdo a los cambios de composición en el TC.

La Asamblea Constituyente ni colocó y, estoy seguro, que ni siquiera imaginó el precedente. Entonces, esto es una creación del Código Procesal Constitucional del año 2004. Pero el Código solamente lo menciona, mas no lo regula. Quien se ha encargado de regularlo y de aplicarlo es el Tribunal Constitucional, ahí está el meollo del asunto. No puede ser que el mismo que vaya a regular la norma sea el que vaya a aplicarla. Aquí hubo una omisión del legislador que debió ser más cuidadoso, debió desarrollar más la figura para que no se cometan estos excesos que muchas veces se cometen. Uno de esos excesos es la autonomía procesal del TC, que es lo que he tratado en una columna en EXPRESO.

‘CASO MADRE MIA’

-¿Cuál es la opinión del CNM que decidió por mayoría no iniciar una investigación preliminar a la Sala de la Corte Suprema que archivó el ‘caso Madre Mía’ contra Ollanta Humala?

El tema era si se abría o no una investigación contra la Sala Penal que vio el ‘caso Madre Mía’, y la mayoría determinó que no debía abrirse por el tema de que ya había prescrito. Son actos administrativos del año 2009.

-¿De qué manera los jueces pueden sentirse respaldados por el CNM en sus fallos cuando hay resoluciones que generan controversia, porque hay fallos mediáticos y hay bastante presión?

El juez debe tener absoluta confianza en el actual pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, porque han llegado casos de pedidos de no ratificación. O sea, de gente que ha pedido la no ratificación o la destitución de jueces, justamente, por su actuación en el tema de casos sensibles y casos mediáticos. Este pleno ha dado muestras y tenemos ejemplos de que eso lo dejamos de lado y entramos de lleno al ejercicio absolutamente jurídico y administrativo. La prueba de ello es que el magistrado ya no va a encontrar aquí a consejeros que los maltraten, consejeros que estén bajo la cultura de la sospecha, o consejeros que designan por consignas políticas. Eso aquí no hay. Podemos equivocarnos, como cualquier ser humano, pero tenemos claramente presente siempre el respeto, la presunción de licitud del magistrado, tenemos también la interdicción de la arbitrariedad y tenemos también el tema del debido procedimiento para el magistrado. Eso no quiere decir que cuando encontramos una irregularidad la decisión va a ser leve sino que será muy fuerte y drástica. Hay la absoluta garantía con eso.

-¿Qué piensa usted de que hoy se haya vuelto un deporte que la Fiscalía pida prisión preventiva y es un exceso violándose la ley, pues el mismo doctor Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, critica que se dé prisión a personas que aún están siendo investigadas o procesadas?

No olvidemos que aquí el fiscal desarrolla una función postulatoria, él pide y, para ello, quien toma la decisión es el juez. El juez hoy se llama juez de garantía. Es el juez el que determina si ha lugar el pedido o no ha lugar el pedido. Entonces, dentro de la cultura jurídica, es el Ministerio Público dentro de su labor de investigación el que pide las penas, pero es una postulación. Es como que alguien que pide una indemnización por atropello automovilístico por dejarlo rengo para caminar. Hay gente que te puede pedir 100 millones de dólares. Pero se requieren medios probatorios y argumentos bien esgrimidos.

JUECES DECISORIOS

-Pero ocurre que en la mayoría de los casos los jueces están accediendo a esas peticiones.

Allí está el tema. Por eso este tema siempre habría que verlo de manera sistémica. Hay que ver la fundamentación del pedido del fiscal y lo que determina el juez, pero ojo, el fiscal tiene una labor postulatoria, es el juez quien tiene la labor decisoria. ¿Qué tiene que hacer el CNM? Como nosotros no tenemos el control disciplinario, lo que hacemos es que en el procedimiento de ratificación analizamos esas decisiones. Fíjese que hay una cultura que dice “vamos a investigar al juez que al que estando detenido le dio libertad”, pero no se escucha que se haga lo contrario. Aquel que tenía orden de comparecencia y que se le dio detención. O sea, le cambiaron la razón. Se investiga cuando va de más a menos, de detención a comparecencia. Allí hay un peligro procesal. Ocurre que tenemos una cultura carcelaria. Si no se le da una pena privativa de libertad es corrupción, que están apoyando al corrupto. Allí juega mucho el papel de los medios de comunicación, es fundamental.

-Sucede que a veces, como medio de comunicación, siempre hay tendencias e intereses y en la resolución de un juez no vemos su motivación, solo vemos el fallo y nos vamos contra el fallo…

Mi pedido a los medios de comunicación: no se trata de que venga el novio y me diga: “sabe qué señor, terminé con su hija”, y yo lo agarro a trompadas o le reclamo, sino que me diga cuáles han sido las razones, es decir, el porqué. Entonces, a veces vemos el fallo. Es más, solamente con el fallo, salen panelistas, salen supuestos expertos a dar opinión. Primero hay que leer, hay que entender, porque lógicamente el argumento del juez es eso, lo que se ataca. Si sus argumentos me parecen flácidos, me parecen írritos, entonces yo puedo atacarlo con todo. Pero si son argumentos solidos, sobre todo en temas opinables, ahí es donde hay que hacer el análisis. Y en ese sentido, cuando se opine de una resolución, lo primero que se debe tener a mano es una resolución, y más que el fallo son los argumentos, las razones por las que se puede estar o no de acuerdo con la determinación final del juez.

Existen “magistrados héroes”

-¿Qué pedido haría usted para mejorar el sistema de justicia en el Perú?

La situación jurídica en el país. Una cosa es verla como ciudadano desde afuera y otra cosa es verla como lo veo desde hace 26 meses, desde acá dentro del CNM. Muchas veces las malas noticias son las que ocupan la mayor cantidad de espacio en los diarios. Está bien, hay que difundirlas, porque si hay un tema de corrupción e injusticia hay que decir la verdad. Lo que yo pediría es que también se dé espacio a las buenas noticias. Pues así como hay magistrados con una conducta disfuncional, equívoca y negativa, también hay magistrados héroes. Hemos visitado todos los distritos judiciales y fiscales del Perú y hay fiscales que están de turno permanente, que no tienen una vida familiar, que salen más allá de su hora de trabajo y no tienen espacio de tiempo para capacitarse. Hablamos de los jueces provisionales. Un juez supernumerario, en algunos lugares, gana menos que el auxiliar jurisdiccional, justamente por ser supernumerario. Entonces, cuando se dan estas desigualdades tenemos magistrados que trabajan con ello, el problema es que hay una minoría pero hay de los otros que son prácticamente como si echáramos tinta negra en un vaso de agua limpia y lo mancha todo, y todo se vuelve oscuro.

Procesos en lenguas originarias

-Se ha nombrado jueces y fiscales quechuahablantes. ¿Qué coordinaciones se realizan con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que el personal auxiliar hable lenguas originarias del Perú profundo?

Yo creo la principal bandera es el tema de los quechuahablantes y aimarahablantes. Aquí definitivamente avanzamos. Antes los jueces que trabajaban en zonas quechuahablantes tenían que valerse de intérpretes o de traductores, y además el pueblo sentía muy lejano a un juez que no hablaba su lengua. Ahora considero que este tema está en los tres principales pasos que se han dado.

Procedimientos disciplinarios

Recuadro 3

ANTONIO RAMÍREZ PANDO



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