Waldemar Cerrón impulsa ley para obligar a jueces y fiscales a reportar procesos ante Congreso
La propuesta del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva podría cambiar el balance entre Legislativo y Judicial.
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El congresista Waldemar Cerrón, actualmente investigado por presunta organización criminal, presentó una controvertida iniciativa que busca alterar la relación entre el Parlamento y el sistema judicial.
El legislador propuso una reforma constitucional con el objetivo de que jueces y fiscales se vean obligados a remitir informes detallados sobre los procesos judiciales en curso al futuro Congreso, compuesto por senadores y diputados.
La propuesta, anunciada el 13 de septiembre, se centra en la modificación del artículo 96 de la Constitución, otorgando al Parlamento facultades amplias para requerir información, tanto de entidades públicas como privadas, en especial de los órganos judiciales.
“Cualquier senador o diputado puede pedir información documentada (…) a cualquier entidad pública o privada, incluido los procesos judiciales que se desarrollan en cualquiera de las instancias procesales”, expresa textualmente Cerrón en su proyecto.
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Este cambio afectaría de manera directa la autonomía del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la independencia judicial, principios fundamentales que no fueron considerados en el proyecto del congresista.
Además, el segundo presidente de la Mesa Directiva propone sancionar como falta grave cualquier negativa u omisión por parte de los funcionarios al proporcionar la información requerida.
La reforma también incluye la modificación del artículo 22 del Reglamento del Congreso, donde se establece un plazo de diez días hábiles para la entrega de la información solicitada.
Es importante recordar que Waldemar Cerrón, representante de Junín, es investigado en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’, en el que también se encuentra implicado su hermano, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.
A pesar de su situación legal, el parlamentario busca impulsar un cambio que podría tener profundas implicaciones para la independencia de los poderes del Estado, al otorgar al Legislativo la capacidad de acceder a investigaciones judiciales y policiales en curso.
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