Caryslia Rodríguez y su influencia que definirá los resultados presidenciales en Venezuela
La figura crucial en el Tribunal Supremo de la justicia llanera.
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Caryslia Beatriz Rodríguez, una figura clave en el ámbito judicial de Venezuela, preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde enero de 2024.
Como presidenta del máximo tribunal del país y directora de la Sala Electoral, Rodríguez desempeña un papel fundamental en la revisión de los resultados de los comicios. Esta responsabilidad adquirió una importancia particular cuando el dictador Nicolás Maduro presentó un recurso contencioso ante la Sala Electoral para solicitar un peritaje y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo pasado.
Rodríguez, abogada graduada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993, cuenta con una maestría en Derecho Penal Militar y una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación. Su trayectoria profesional y política está estrechamente ligada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Antes de su nombramiento en el TSJ, ocupó varios cargos relevantes, incluyendo el de alcaldesa encargada de Caracas y presidenta del Consejo Municipal de Libertador de Caracas.
El 26 de abril de 2022, Rodríguez fue designada magistrada de la Sala Electoral del TSJ, y su juramentación estuvo a cargo de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, institución controlada por el oficialismo y encargada de la designación de jueces del supremo venezolano.
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Su relación con el PSUV fue objeto de críticas por parte de la ONG Acceso a la Justicia, que cuestionó su designación y alertó sobre los peligros de la partidización de la justicia en Venezuela.
La magistrada Rodríguez ya jugó un papel controvertido en el ámbito electoral. Fue una figura clave en la sentencia 122, que anuló las elecciones primarias opositoras del 22 de octubre de 2023, donde María Corina Machado fue electa como candidata opositora.
Posteriormente, el mismo tribunal inhabilitó a Machado para ejercer cargos públicos, generando un intenso debate sobre la independencia judicial en Venezuela.
En su rol actual, se espera que Rodríguez garantice la transparencia y legalidad de los procesos electorales en un país donde la imparcialidad judicial es frecuentemente cuestionada.
Vale precisar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 256, establece que los magistrados no deben llevar a cabo activismo político partidista ni practicar actividades privadas incompatibles con su función.
Sin embargo, la ONG Acceso a la Justicia señala que casi todos los miembros del TSJ tienen vínculos probados con el PSUV, lo que genera dudas sobre la independencia del máximo tribunal del país.
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