El caso Odebrecht y el fruto del árbol envenenado
Fiscales brasileños obtuvieron información confidencial de la contabilidad paralela del contratista casi un año antes de que tuvieran acceso formal a los datos.
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Según el portal UOL del Grupo Fohla de Sao Paulo (Alvo de polêmicas, planilhas de propinas da Odebrecht foram apagadas no MPF 18/5/23), los famosos archivos de los sistemas Drousys y Mywebday formaron parte de las principales acusaciones del Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) y fueron utilizados como base para numerosos juicios contra varios políticos, incluido el actual presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
El acceso al servidor formó parte del acuerdo de clemencia de Odebrecht (2017), poniendo la empresa a disposición del MPF una copia de los sistemas que almacenan la contabilidad paralela de Odebrecht. A fines de ese año, también se autorizó una copia de los sistemas para la Policía Federal (PF), que quedó en la Superintendencia de la PF en Curitiba, la cual envió una copia de su copia al MPF (2018).
La cadena de custodia de estos datos se han convertido en un tema controvertido. UOL reveló en el 2019 que los fiscales brasileños obtuvieron información confidencial de la contabilidad paralela del contratista casi un año antes de que tuvieran acceso formal a los datos a través de acuerdos de negociación de culpabilidad con los ejecutivos de la empresa constructora. Entre la amplia gama de información confidencial obtenida ilegalmente por Lava Jato, la joya de la corona era el acceso al sistema Drousys. El pleno acceso al sistema fue una de las demandas para cerrar acuerdos con los 78 ejecutivos de la contratista, entre ellos Emílio y Marcelo Odebrecht.
Antes de la pandemia, la defensa de Lula fue autorizada por el ministro Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal (STF), a elaborar un informe complementario al dictamen técnico de la PF que analizó las pruebas que contenían los extractos del servidor. Según los abogados, los peritos de la PF afirmaron que los archivos fueron recopilados en Odebrecht, y no extraídos directamente de los servidores que estaban en Suiza.
“Odebrecht recibió [los expedientes] de la Autoridad Suiza y lo abrieron, lo movieron, estuvo mucho tiempo ahí”, dijo el perito Roberto Brunori Júnior de la PF al perito contratado por la defensa de Lula.
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Aún en el 2020, la defensa del presidente ofició al 13º Tribunal Federal de Curitiba, indicando que los expedientes habían sido manipulados y que se había violado la cadena de custodia de los archivos de Odebrecht. Para ellos, existía el riesgo de que los servidores originalmente ubicados en Suiza habrían sido manipulados.
Más temprano, todavía en 2017, en testimonio ante la Comisión Mixta Parlamentaria de Investigación (CPMI), el abogado Rodrigo Tacla Durán también cuestionó estos archivos, presentando un peritaje que demostraba que los extractos utilizados por el MP fueron extraídos en ese año, pero el sistema ya había sido sellado por los suizos en 2016.
“La pericia prueba que el sistema Drousys, de Odebrecht, fue manipulado y adulterado antes, durante y después de su bloqueo por parte de las autoridades suizas. El sistema no se presta para ser utilizado como pruebas para incriminar a nadie”.
Para ocultar la forma en que pagaba sus “propinas” alrededor del mundo, se creó un departamento dedicado a esta función dentro de la empresa y, en él, se estableció un sistema informático paralelo.
El servidor estaba en Suiza, lejos del alcance de una eventual operación de la policía brasileña. Los datos contenían listas de donaciones electorales y pagos no contabilizados por la empresa a varios políticos.
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