1 de mayo para llorar

1 de mayo para llorar

Los trabajadores del Perú han festejado este 1 de mayo con mucha angustia y cierto escepticismo: desconsuelo porque la inflación nacional, salvo en Lima, bordea los dos dígitos licuando los ingresos postpandemia, cuyo promedio ha caído en -26%, e incredulidad con el gobierno de Pedro Castillo, cuya gestión sólo ofrece incapacidad y corrupción.

En este homenaje global a los mártires de Chicago que lucharon por la jornada de ocho horas (1889), el Perú del 2022 sólo puede exhibir un magro aumento del sueldo mínimo a S/ 1,025 mensuales a partir de mayo (3/4/22), menor en -15% en términos reales al aumento (1/4/2018) que realizara PPK (BCR) y de yapa, un decreto supremo que prohíbe la tercerización laboral en actividades “nucleares” de las empresas, aplicable a un periodo que exceda los 52 días (dos meses), luego de los cuales se les incorporaría en planilla, norma que por cierto ha puesto de vuelta y media a 900 empresas que representan un universo de 105,000 trabajadores, que barajan cambiar de rubro.

Y, para mostrar alguna empatía con el “proletariado”, el profesor Castillo ha publicado el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo (13/4/22), que aumenta la rigidez laboral al plantear la eliminación de los contratos temporales que superen los dos años, texto que debe debatirse en el Consejo Nacional de Trabajo: conformado por el Ejecutivo, gremios (Confiep, SNI) y sindicatos (CGTP, CTP), antes de ser presentado al Congreso.

El experto Miguel Jaramillo indica: “hay 2.5 millones de trabajadores que tienen contrato temporal, de ellos, 2/3 partes tienen contratos temporales por más de dos años ¿qué van a hacer las empresas? Ahí tienen, 1.5 millones de trabajadores afectados por la norma, porque con mucha suerte 1/3 pasarán a contrato por tiempo indeterminado, mientras que tendrás un millón de nuevos trabajadores informales” (29/4/22). Para Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico: “con este Código de Trabajo la informalidad podría aumentar entre 5% y 8%” mientras que Mónica Pizarro del Estudio Echecopar sostiene: “es una norma con más derechos para menos personas”.

Pero la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con una dura carta a la ministra de Trabajo Betssy Chávez, le ha colocado la cola al burro, exigiendo explicaciones por la norma que prohíbe la tercerización laboral, así como por el aumento del sueldo mínimo y el anteproyecto de Código de Trabajo (27/4/22), a raíz que la Confiep y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) se han quejado denunciando una “ausencia de consultas”.

Advierte la misiva: “las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deben ser consultadas de manera efectiva en el proceso de adopción de instrumentos legislativos o reglamentarios susceptibles de afectar los intereses de sus miembros”, agregando en particular sobre el aumento del sueldo mínimo: “en virtud del artículo 3 del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos… Este debe ser consultado con los representantes de los empleadores y trabajadores interesados”.

En el total nacional, de los tres millones de empleos adecuados (“aquellos en que se trabaja 35 o más horas semanales y se recibe ingresos por encima del ingreso mínimo”), que se perdieron en la pandemia, dos millones captó el sector informal con “cachuelos” de subsistencia mientras el otro millón siguen pateando latas, a los que se suman -en su gran mayoría- los 740 mil jóvenes que se han incorporado a la PEA en los últimos tres años.

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