Ahora que ya ha culminado el plazo para que los venezolanos en nuestro país pudieran regularizar su situación migratoria obteniendo el denominado Permiso Temporal de Permanencia (PTP) –se calcula que habría en el Perú cerca de 2 millones y que solo el 10% ha completado la referida regularización–, lo más probable es que una avalancha de venezolanos solicite en las próximas horas el estatus de refugiado, situación que a la fecha la cuenta un número comparativamente reducido y está bien que así sea.

Seguramente las ONG levantarán su voz para requerir o reclamar del Estado peruano que otorgue esa condición a todos los venezolanos que han ingresado al país en los últimos años. Lo anterior no es posible y lo voy a explicar desde el Derecho Internacional, que es como corresponde. Para calificar de refugiada a una persona deben cumplirse dos condiciones: 1) la verificación de la huida del lugar de origen al advertir un acto persecutorio por el Estado; y, 2) la inminencia del peligro de perder la vida por la violencia del conflicto armado, de una guerra civil o del propio Estado que quiere reducirlo o hasta eliminarlo. Nos guste o no, esa no es la realidad de la inmensa mayoría de venezolanos que salieron de su país, principalmente hacia Colombia y el Perú, debido a la grave crisis económica que afrontan. Seamos claros, la tierra de Bolívar no configura la realidad de Siria, por ejemplo, donde sí hubo guerra interna que originó una de las más grandes oleadas migratorias contemporáneas y donde la permanencia en el país decantaba la muerte de los sirios. Muchos fueron desplazados, es decir, se movilizaron por diversas partes del país, sin salir del territorio, pero la mayoría cruzó las fronteras hacia otros Estados. Los refugiados, entonces, son aquellos que llegan a cruzar las fronteras del Estado del que proceden, recibiendo auxilio y protección en el Estado al que llegan –repito– porque sus vidas peligran.

Esta conceptualización del refugio es abrumadora en la doctrina del Derecho Internacional y fue gestada desde la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 1950, como consecuencia de las migraciones masivas que siguieron al final de la guerra de 1939. La gente en Venezuela emigra esencialmente por gravísimas razones económicas. No es, entonces, que el régimen de Maduro persiga a TODOS los migrantes para deshacerse de ellos. Los hay, pero son contados con los dedos de la mano, y huyen para no terminar como el triste caso del policía Oscar Pérez, acribillado por la dictadura madurista en 2018, a pesar de haberse rendido. En consecuencia, ser refugiado significa contar con el estatus de protegido y ese carácter jurídico solo lo concede soberanamente el Estado hasta donde ha llegado, asumiendo el activo de su protección, lo que también supone erogaciones pecuniarias para los refugiados que francamente tampoco contamos pues ni siquiera hay caja para atender a muchos de nuestros connacionales en la condición de indigentes.

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