Cuando en las próximas décadas se revise con mirada sosegada lo ocurrido en el periodo que abarca julio 2016 a julio 2021, sin duda un título para este capítulo de nuestra historia podría ser: catástrofe institucional. Y es que pocas veces en nuestra vida republicana podemos ver con tal claridad desórdenes y lesiones tan graves a los poderes del Estado y a los organismos que sostienen la democracia peruana. Ha sido un lustro de retroceso, de conflicto y de horrores constitucionales.

Los responsables de este desastre sin duda han sido los actores políticos que han protagonizado estos 60 meses. Kuczynski, el fujimorismo, pero sin lugar a dudas en mayor medida la demagogia de Vizcarra, su continuidad morada personificada en Sagasti, pero también los apoyos de estos en los medios de comunicación, en los esquemas empresariales oligopólicos y en la “sociedad civil”. Este último grupo de protagonistas alentaron el odio político, por convicción o conveniencia. Naturalmente todo este plan avalado de un modo u otro por la “constructocracia”.

Empecemos con la Presidencia de la República: en estos 5 años en lugar de un Presidente de la República cerraremos el período constitucional con 4 mandatarios, de los cuales dos renunciaron, uno fue vacado y quien gobierna actualmente es el presidente del Congreso, que dicho sea de paso algunos ya hablan de censurarlo.

El parlamento de la República fue inconstitucionalmente cerrado por Vizcarra el 30/09/2019 con un argumento tan arbitrario como intelectualmente flojo, como es la “negación fáctica”. El nuevo Congreso es bastante cuestionado por el Ejecutivo y ciertamente también por su visión populista e irresponsable en las leyes que dicta. Además fue acusado de golpista cuando decidieron remover de su puesto a Vizcarra. Cuestión que, aunque bien ejecutada, despertó múltiples desórdenes sociales.

El Tribunal Constitucional tiene actualmente 6 de sus magistrados con mandato vencido y no parece que vayan a existir condiciones para elegir sus reemplazos pronto. Este TC ha sido el responsable de emitir sentencias tan nocivas como la que santificacó el golpe de Estado.

El Consejo Nacional de la Magistratura fue dado de baja por el Parlamento en una decisión irreflexiva y populista. Ha sido reemplazado por una Junta Nacional de Justicia en la que nadie parece confiar.

El Ministerio Público ha vivido un enfrentamiento sin cuartel en donde se ha impuesto la vizcarrista Zoraida Ávalos, para esto ha hecho destituir a Luis Chávarry de la Junta de Fiscales Supremos y ha suspendido por varios meses a Tomás Aladino Gálvez. En el ínterin un equipo de fiscales alrededor del tema Lava Jato (Pérez y Vela) han actuado sin frenos ni límites.

El Poder Judicial, actualmente, cuenta con menos de la mitad de vocales supremos con los que debiera contar, en un contexto donde millones de causas judiciales se siguen acumulando, negando a los ciudadanos acceso a la justicia.

El Jurado Nacional de Elecciones también se encuentra ensombrecido por la actuación de su presidente Jorge Salas Arenas, funcional a la estrategia del hoy candidato al congreso Martín Vizcarra. Hoy el JNE protagoniza la elección más que los candidatos.

Una mención a lo hecho por el Gobierno Morado con la Policía Nacional al dar de baja a casi 20 generales agrava el panorama.

Estos temas son fundamentales, pedimos desde esta tribuna que los candidatos presidenciales manifiesten sus planes y posiciones sobre cómo empezar a ordenar este cataclismo institucional. Hasta ahora nadie propone algo claro y concreto.