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Por Hernán Lanzara

Sí estimados lectores, solo 29 de las 1,892 líneas que llenaron las 86 páginas de su Mensaje a la Nación dedicó el presidente Castillo, este 28 de julio, al tema más álgido y escandaloso que enfrenta su gobierno: las reiteradas denuncias por corrupción en las que se encuentra involucrado tanto él como su entorno más cercano, y distintos funcionarios de su gobierno. Veintinueve líneas de generalidades y lugares comunes.

Frente a la expectativa creada por la discusión en los medios y en distintos espacios de debate y diálogo nacional sobre esta crítica coyuntura que socava la institucionalidad y democracia, el reclamado deslinde del Jefe de Estado con la corrupción como muestra de su compromiso por conducir un gobierno transparente, íntegro y autocrítico, que empodere los organismos de fiscalización y lucha contra la corrupción, no se produjo, dando así un portazo en la cara a la ciudadanía y foros de análisis, como la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima, que me honro en presidir.

Con inalterable ceño, aún frente al accidentado final de su intervención ante el Congreso, el presidente hizo derroche de cifras, datos y supuestos logros de su gestión, pero ni una sola línea respecto a dotar las procuradurías anticorrupción, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y los organismos de supervisión de compras y contrataciones, de la autonomía funcional que la actual crisis de integridad demanda. Un desperdicio de oportunidad.

Frente a los innumerables casos de designación de funcionarios con pobres calificaciones o con denuncias por falta de probidad, la decisión de instaurar de manera irrestricta la meritocracia para acceder a la función pública, el destierro del nepotismo y favoritismo político, y el potenciamiento del rol de SERVIR para el establecimiento de una cultura de integridad en la administración pública, brillaron por su ausencia.

Extrañamos proclame el establecimiento de una incorruptible labor de control a nivel nacional en la gestión de los fondos públicos, principalmente aquellos destinados a la atención de las necesidades sanitarias y de alimentación frente a la crítica coyuntura actual, e implementar, al cien por ciento, las oficinas de integridad en el sector público y la adopción de la rendición de cuentas como garantía de transparencia frente a la ciudadanía.

No se dignó a dedicar tiempo en su dilatado discurso para referirse a generar una Cultura de Valores e Integridad, algo profundamente decepcionante, tratándose de un maestro. En un país donde los índices de percepción de corrupción nos ubican en la posición 105 entre 180 países, esta omisión dice mucho sobre la prioridad que el actual régimen otorga a la lucha contra la corrupción.

Finalmente, más allá de señalar que su gobierno sufre desde antes de haber tomado posesión del sillón presidencial de una campaña en su contra, no se comprometió a colaborar efectivamente con la justicia para esclarecer su vinculación en los actos de corrupción denunciados, tampoco a impedir que se haga uso de la estructura del Estado para blindar a los funcionarios públicos denunciados por corrupción.

En resumen, veintinueve líneas casi en blanco.

Presidente de la Comisión de Integridad de la CCL

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