Por Diego Andrade Arriaga

Los peruanos, luego de cinco años de convulsión política, tenemos aún el derecho de informarnos, de opinar, de expresarnos, así como la libertad de pensamiento; claro está, en respeto irrestricto al derecho de los demás (Constitución Política del Estado; Artículo 2º, numerales 3 y 4).
Bajo este precepto los Asuntos Públicos, entendido como el ejercicio legítimo de la ciudadanía a ser escuchada por quienes detentan el poder y toman decisiones sobre ella, es un ejercicio confundido frecuentemente como Lobby -Gestión de Intereses en nuestra legislación- y más aún con lo que se denomina Relaciones Institucionales: nada más errado y fuera de la realidad, siendo además que el ejercicio de las tres instituciones son legítimamente constitucionales.
Culturalmente, existe la creencia de que sólo los poderes públicos están legitimados para decidir lo que es el interés general; hoy, este postulado sigue sustentando modelos políticos disfrazados de “democracias liberadas” o “gobiernos populares”. Estamos a menos de un mes de decidir si volvemos al pasado o avanzamos al futuro que TODOS debemos forjar. Pero como definimos cada uno de estos modelos:

1. Gestión de Intereses: influir de manera directa y transparente en la regulación de un asunto concreto ante una determinada instancia pública.

2. Relaciones Institucionales: establecer una relación fluida con todos los actores del entorno, aunque no se incida de manera directa en ellos. Básicamente es generar confianza hacia la organización.
3. Asuntos Públicos: Integra los conceptos anteriores pero traza una estrategia para la conquista de un objetivo en favor del propósito de la organización; conoce la complejidad del sistema público; el fin es entender los intereses y necesidades del entorno y generar una narrativa clara y coherente enfocada a este ecosistema, pretendiendo influir final y transparentemente para que se ejecute o no un acto público, o se adopte o no alguna decisión.

Como ya se ha dicho (Michael Ignatieff, Canada, 1947), el derecho a ser escuchado es uno de los pilares en los que se ha de basar una estrategia consistente de Asuntos Públicos porque es, además, un elemento constitutivo de cualquier democracia liberal. Los problemas no se resuelven si no se gestionan, y para gestionarlos bien hay que escuchar a todas las partes con transparencia y en un clima de pleno respeto a los ciudadanos.

Abogado |Consultor Senior en Comunicación Estratégica

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