A cerca de dos meses que venza el plazo para que Osinergmin se pronuncie sobre el procedimiento para definir el precio del gas natural (GN) para las termoeléctricas, subvaluado desde el 2017, con efectos perniciosos en el mercado de corto plazo (MCP), donde acceden principalmente productores (generadores) y distribuidores; hay en curso una campaña mediática para amedrentar a los directivos del regulador, con un supuesto incremento de precios que afectará a consumidores de todas las clases.

Falacia suprema la de subida de precios al consumidor, por una decisión de Osinergmin sobre el MCP. Hay dos ámbitos de análisis, los consumidores regulados (CR), es decir aquellos con consumos inferiores de 200 KW (los hogares consumen 2 KW en promedio), donde hay 7.6 millones de suministros (domicilios) y los usuarios libres (UL), aquellos cuya demanda es de 200 KW a más, donde hay 1,373 empresas.

En los CR, lo que pase en el MCP no tiene ninguna relación en contra con su precio, más bien será a favor, en conjunto se ahorrarán 240 millones de soles anuales. Los UL tampoco experimentarán incremento, sus contratos no deben tener cláusula alguna relacionada con el precio de transacción en el MCP.

El discurso para la tribuna es falso. Invito a quien diga lo contrario que lo fundamente. En Osinergmin, su presidente y todo su cuerpo técnico tienen clara la situación tarifaria, y expuesto debidamente al directorio, la prédica del alza resultará insulsa, pérdida de tiempo.

La discusión viene en otros dos ámbitos: 1) que es técnico, reconocer que el precio del GN es variable en todos sus componentes, como lo ha afirmado la dirección ejecutiva del Comité de Operación Económica del Sistema (COES), y 2) que es legal, definir si se deberá esperar para la aplicación de la variabilidad sustentada, que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) precise sobre la operación del Mercado Secundario del GN en transporte.

La espera suena a práctica dilatoria del COES, a la ejecución de una sentencia de una sala del más alto nivel del Poder Judicial, basada en un Decreto Supremo (DS-003-2021- EM) emitido por el Minem a tres días que el operador del sistema se pronunciase. Osinergmin debe decidir si se alinea o aleja de esta extraña pretensión.