Una controvertida expresión del presidente Francisco Sagasti, marcó la agenda de esta semana. Al responder a una entrevista en un programa de televisión, el mandatario dijo que él no quería “que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune”, provocando, como era previsible, una andanada de críticas de todo calibre y desde diversos sectores, su extraña actitud considerada como insensible y nada empática con la población que hoy vive el peor de su calvario con un virus que amenaza y provoca muerte todos los días. Las estadísticas que grafican las pérdidas de vida siguen siendo de espanto. Lejos de disminuir las víctimas del Covid-19 aumentan y las calles se han convertido en espacios peligrosos para una población que tampoco contribuye a su propio cuidado, guardando los protocolos de bioseguridad recomendados. Los mensajes oficiales tampoco son alentadores, más aún si las imágenes que a diario se ven en la televisión muestran escenas de soledad y abandono de una desgarradora crueldad ante la muerte.

Esposos e hijos o nietos clamando por un poco de oxígeno que no encuentran para sus familias, lamentos al aire quejándose de una extraña insensibilidad de las autoridades que no hacen mucho por evitar más contagios.
En un escenario con estas características, la vacuna se presenta como la tabla salvadora de una población que parece no soportar más, como la última esperanza en qué aferrarse. En el proceso de adquisición de estas vacunas han ocurrido extrañas lentitudes desde la administración del gobierno del presidente vacado, Martín Vizcarra. Al parecer, no hubo voluntad política para abrir y buscar mercados de modo que podíamos haber contado con vacunas considerables aun el año pasado, como sí lo hicieron otros países vecinos que ahora exhiben estadísticas considerables de vacunación.

El gobierno del presidente Sagasti ha logrado traer la vacuna de un laboratorio chino principalmente y está en negociaciones para conseguir lotes de laboratorios de otros países, según han señalado. Sin embargo, los envíos son lentos y graduales, frente a la muerte que no se detiene. Las personas piden vacunas, necesitan de ellas para salvar sus vidas y lo que el estado ofrece es, en el tiempo, algo remoto. Nadie puede asegurar que a fin de año estemos todos vacunados.

Las empresas privadas han empezado a reaccionar. Sus representantes se han mostrado favorables a participar de la compra de vacunas para ofrecerlas a sus propios trabajadores. Sin embargo, no tienen autorización para ello. Es el gobierno quien debe autorizar. Este hecho ha provocado reacciones diversas, mayoritariamente de rechazo a la política oficial, salvo los grupos de izquierda que sí lo han apoyado, empezando por una candidata que aspira a la presidencia de la República. La situación de emergencia en el país no está para hacer política con una necesidad sanitaria que tiene que ver con el derecho a la vida. Todos cuantos puedan deberían sumar sus esfuerzos para ofrecer, en este caso, la vacuna a la población.

El estado no debería cerrarles las puertas y, por el contrario, debería convocarlos, planteando, para ello, reglas claras que eviten el mercantilismo y el negociado con la salud del pueblo, tiene que actuar como garante de los intereses de la sociedad, pero sin excluir a nadie, porque, en circunstancias como la que estamos viviendo, una actitud así puede resultar negativa por sus efectos. El Congreso de la República tampoco debería mantenerse de costado. Tiene que actuar. Existe, incluso, el proyecto de una congresista de Acción Popular, Mónica Saavedra, que plantea que las empresas privadas puedan comercializar vacunas contra el Covid-19, en el marco del avance de la segunda ola de la pandemia. La iniciativa propone que empresas privadas puedan “adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar, promover y expender vacunas para el coronavirus”. Lo importante es que se garantice que lleguen y se apliquen masivamente, con los controles del caso por parte de las autoridades pertinentes.

JUEZ SUPREMO