¡Abajo el liberticidio sanitario!

¡Abajo el liberticidio sanitario!

El último miércoles 23 de marzo, la Defensoría del Pueblo impulsó la creación de los nuevos ciudadanos de segunda clase, al pretender legalizar la discriminación aún entre los propios inoculados: los ciudadanos que tengan dos dosis de la vacuna contra la covid-19 deberán ser tratados con las mismas restricciones que los no vacunados.

Siguiendo con la consigna discriminatoria y abusiva del poder, según comunicado del Ministerio de Salud, por acuerdo del Consejo de Ministros, se prepara Decreto Supremo para exigir a todo ciudadano a partir de los 18 años, contar con la tercera dosis de la vacuna, para poder ingresar a establecimientos públicos y privados. El ministro de Salud, en consecuencia, nos “invita” a inocularnos en VacunaFest. Habría que recordarle al ministro que cuando se coacciona a la población a inocularse (por cierto, en medio de una abrupta caída de cifras de contagios), eso es todo, menos “invitación”.

Ya lo hemos dicho anteriormente, y lo reiteramos: Este Gobierno, de manera abiertamente inconstitucional, vulnerando una serie de derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la libertad de conciencia, entre otros, ha establecido una dictadura sanitaria que va en contra de lo que establece nuestra Constitución, en su Art 51°, cuando señala: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente”.
Pero este Gobierno tiranamente, infringe la Ley N° 31091, vigente a la fecha, que garantiza un acceso libre y voluntario de la población al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad de covid-19 y otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias.

Por otro lado, el Ejecutivo debe ser capaz de meditar que sus medidas no guardan coherencia con las cifras, en la realidad. En muchos hospitales se van quedando vacías las “Áreas Covid”. Los casos de contagios, alentadoramente, están disminuyendo. Esto puede deberse, a que –como es de público conocimiento- el Perú ya ha superado el 90% de su población objetivo con la pauta completa de vacunación contra la covid-19; sumado también a que, como consecuencia de las tres olas que nos tocó afrontar, hemos desarrollado como sociedad una inmunidad colectiva. Ambos factores, sea vacunación o inmunidad desarrollada, han impactado drásticamente en la reducción de casos positivos y muertes.

Entonces, nos preguntamos: mientras en otros países se sigue tendiendo al levantamiento de las restricciones sanitarias, parcial o total, tal como en: Francia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suecia y Bolivia, entre otros, ¿qué sustento científico y jurídico tiene el Poder Ejecutivo para endurecer en nuestro país las medidas? Con este nuevo acuerdo se estaría perjudicando adrede la reactivación económica tan necesaria a la que aspiramos.

¡Abajo el liberticidio sanitario!

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