Siempre hemos escuchado -o leído- que el derecho es el “conjunto de normas que regulan a la sociedad”. Sin embargo, ¿esa definición es cierta?, ¿es el derecho o son las leyes las que imponen el orden en una sociedad que quizá vive en penumbras?
El derecho, como tal, viene a ser un cuerpo organizado de normas, las mismas que son elaboradas y proporcionadas por el poder legislativo, función primordial de la representación nacional; se supone que, para ello, debe conocer y analizar la problemática que aqueja a la sociedad; las normas no solo deben estar organizadas, debe ejercerse control sobre el ordenamiento jurídico, procurando que las normas expedidas realmente cumplan con resolver los problemas que surjan entre los habitantes de nuestro país, protegiendo a la persona humana y a sus bienes e intereses, sean éstos individuales o colectivos, comunes o personales. El derecho es -y siempre será- perfectible, revocable y sobre todo prescindible; con estas características, ¿realmente regulará la vida de los ciudadanos? ¿Lo hará externamente o también internamente? Christian Thomasius, por ejemplo, nos explica que el derecho regula la parte externa y es la moral la que regula la parte interna del hombre; no obstante, en la realidad podemos observar que es la norma, y no el derecho, la que realmente regula.
Las normas y leyes son las que establecen una marca y una necesidad de acatar lo que se puntualiza con criterio y objetividad, con la finalidad de que el ciudadano tenga una vida digna, preservando y protegiendo sus derechos así como su dignidad misma; la propia carta magna de nuestro país nos otorga el beneficio de poder hacer todo lo que queramos, teniendo en cuenta -obviamente- el aspecto moral; pero, ¿realmente podemos hacer los que se nos ocurra sin más límite que la existencia de una norma o ley que reprima o sancione nuestra conducta? Si no existe norma alguna que regule una acción que ejecutemos, podemos hacer lo que deseemos, sin ninguna restricción ni preocupación por alguna sanción; por otro lado, el Estado, con todo su poder, no puede forzarnos u obligarnos a realizar algo que no está normado o establecido por la ley. Observamos, que el derecho regula nuestra conducta para no salirnos de los parámetros establecidos por la ley; es decir, el derecho ayuda al ciudadano a saber lo que puede o no puede hacer; el desconocimiento de la norma no nos exime de responsabilidad; por eso, si una persona piensa realizar una acción y tiene duda acerca de las consecuencias o efectos legales, debe informarse o asesorarse bien, pues el hecho que una persona desconozca la ley, no quiere decir que ésta no existe.
Muchas veces pareciera que caemos en contradicción entre el derecho que vela por la protección de la persona y el derecho que “protege” a quienes cometen delitos o faltas; como ciudadanos e integrantes de una sociedad, debemos respetar nuestras leyes, empezando por acatarlas, tal cual; si pretendemos ser constitucionalmente correctos, debemos tener en consideración que la norma fundamental está por encima de una norma escrita simple (norma positiva), pues ésta ha de estar sometida a los principios generales y fuentes del derecho pertinentes. Como profesionales del derecho, debemos practicar el respeto al carácter y al valor de una norma, no solo para el cumplimiento de nuestro deber, sino para dejar en alto el nombre de la justicia, ya que como letrados, somos los primeros llamados a aplicar la ley, por más dura y severa que esta sea, y estamos preparados para defender siempre las causas justas, haciendo respetar a la Constitución por encima de cualquier otra norma.