El espacio político es aquél donde tratan de convivir aquellos que tienen el poder con quienes en forma indirecta quieren influenciar sobre él. Por ejemplo, para la elaboración de las leyes que aprueba el parlamento con la conformidad del poder ejecutivo, influyen tanto los medios de comunicación, los ciudadanos con sus opiniones, y los grupos de presión o de interés como las ONG y los gremios empresariales. Esa convergencia de actores en el espacio político público es la que ha funcionado el viernes pasado para la aprobación de una ley que permite el cambio en la reprogramación de las deudas, condonación y congelamiento con el sistema financiero, favoreciendo a las personas naturales y a las micro y pequeñas empresas.
Los medios de comunicación hoy sábado publican un encuadre de la noticia o “framing” para hacernos creer que la ley se hizo posible sólo por el entendimiento que hubo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, dejando de lado a los demás actores que intervinieron para el éxito de la aprobación de la norma como son la opinión pública y los representantes empresariales que estuvieron influenciando mediante los medios de comunicación y con sus operadores ante el Congreso.
No hay que tener miedo en decir que es lícito que los grupos de presión, como los empresarios, traten de influir en la elaboración de las normas, porque son ellos los que más conocen de los aspectos técnicos y manejan información de utilidad, muchas veces ignorada por los funcionarios públicos designados o de elección popular.
El lobby, que para algunos suena a mala palabra, es la institución política que permite que los grupos reduzcan las brechas informativas ante quienes toman las decisiones de gobierno. El Perú es uno de los pocos países que cuenta con una regulación sobre el particular, la cual debería actualizarse ya que data del 2003.
Por otro lado, no hay que quitarle mérito al Congreso que, por más que se le tilde de populista, permitió que los agentes financieros reparen en que “ahora sí son vulnerables”. Sin embargo, también hay que decir que esa conducta del Parlamento podría generar una lectura equivocada de la población en pensar que la interferencia de la política en la economía es lo saludable para un país. La política debe dar seguridad a los inversionistas, pero estos también deben ser responsables socialmente con sus medidas. Los intereses y las comisiones financieras eran por demás abusivas.