Desde cuando Hillary Clinton declaró en foro pro aborto hace 5 años que había llegado la hora de que los Estados usen su poder coercitivo para cambiar el credo religioso de sus pueblos, es decir, la imposición de la fe religiosa anticristiana por decreto, una idea radicalmente totalitaria y vulneradora de los derechos humanos esenciales inherentes a la dignidad y libertad del hombre, hasta estos días, en que los Estados creen poder determinar en reemplazo de la libertad individual de sus ciudadanos, lo que les conviene o no administrarse, vivir, usar o respirar, imponiéndoles medidas vulneradoras de sus derechos fundamentales por decreto, ha habido un creciente abuso del poder gubernamental que está tipificando delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad bajo la cobertura de una falsa legalidad.

Si conforme el artículo 45 de la Constitución del Perú, todas las autoridades desde el Presidente de la República deben ejercer sus funciones en el marco de la Constitución y las leyes, y el artículo 55 del mismo texto constitucional incorpora todos los tratados internacionales como parte del derecho interno, y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y demás tratados reconocen el derecho de toda persona a autodeterminar los procedimientos médicos o medicinas que se le apliquen, porque es prevalente el derecho individual de la persona humana sobre el interés social, ¿cómo es que nuestras autoridades invocan un concepto contrario basado en la falsa prioridad del bien común, para imponer medidas sanitarias violatorias de todos los derechos humanos?

Imponer arresto domiciliario a toda una nación, el uso de mascarillas y antifaces plásticos que no les permite respirar, exigirles pruebas de presunto contagio de un virus no detectable ni por las pruebas moleculares que arrojan resultados fallidos, impedirles trabajar, quebrar sus empresas, endeudarlos, impedirles sustentarse y sustentar a sus familias, y si se enferman cerrarles el acceso a los hospitales, retirar y prohibir las medicinas que curan y sólo tratar a los supuestamente contagiados por covid con oxígeno, que ha probado la ciencia que revienta los pulmones inflamados y con trombosis, e imponer como solución una inyección transgénica letal denominada falsamente vacuna, sólo revela un plan genocida que se está ejecutando por flagrante abuso del poder mediante medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Llevarlos denunciados a la Corte Penal Internacional por genocidas se ha convertido en un deber ciudadano perentorio. Los interminables juicios de Nuremberg serán poca cosa al lado de los juicios penales que se les instaurará.