El Poder Judicial es hoy rehén del Poder Ejecutivo y la ONG Ideele. Palacio ordena a la Fiscalía, sus jueces amigos procesan ipso facto lo que soliciten los nuevos virreyes del país -los intocables Domingo Pérez y Rafael Vela Barba-, y el Ideele se hace cargo de convertir en dogma esa sentencia, a través de la mafia periodística comprada por el Ejecutivo vía la publicidad estatal. Ni en los tiempos de Montesinos hemos tenido una Justicia secuestrada de manera tan torva como implacable. Por cierto, aquella prensa canalla sumisa al poder –El Comercio, La República, RPP- no solo revalida todas las movidas jurídicas cocinadas en los fogones palaciegos -operando como el parlante del golpista Vizcarra- sino que apelando a Goebbels desinforma cotidianamente a nuestra sociedad, para consolidar ese poder espurio que se ha apropiado de nuestro país.

La orgía de corrupción desatada por Odebrecht y afianzada por personajes siniestros como Toledo, Humala, Kuczynski, Graña Miró Quesada, etc., acopió un poderío jamás igualado en el Perú. En efecto, conformaron un aparato omnipotente que abarcaba –y sigue haciéndolo- todos los confines del poder. Empezando por el político (presidentes de la República), el económico (las operaciones de la mafia constructora sopesaba de manera implacable en la banca, así como en los gremios industriales y comerciales); y finalmente el mediático, convertido en una herramienta para arrasar todo aquello que se interpusiera en su camino. Una mafia de características invencibles. Al punto que, aún debilitada, permanece jaloneando los hilos del señorío que, encabezado ahora por Vizcarra, sigue sirviendo a los mismos intereses.

Los de sus fundadores, capitaneados por Odebrecht, Toledo, Humala, Kuczynski, Graña Miró Quesada, etc. Y estos, a su vez, defienden a cómplices suyos tales como Susana Villarán, Nadine Heredia, Marisa Glave, Anel Townsend, Jorge Nieto, etc. A todos ellos les abrió instrucción el fiscal Puma por integrar una organización criminal para captar tres millones de dólares –o quizá mucho más- destinados a financiar la campaña contra la revocatoria a Susana Villarán, y luego el proceso para reelegir dicha ex alcaldesa ahora presa por delito de corrupción de funcionarios. Pero ellos acaban de ser salvados de caer en las garras de la Fiscalía, gracias a los fundadores de la mafia de la construcción. Extrañamente, el fin de semana el poderoso e intocable fiscal Rafael Vela Barba removió del cargo al fiscal Puma, para colocar en su reemplazo a su compadre Domingo Pérez. En política –hoy nuestra Justicia está absolutamente politizada- no hay coincidencias. Ese tipo de favores confirma que la poderosa Odebrecht y sus ex socias locales siguen dirigiendo la Fiscalía; el Poder Judicial -vía los llamados “jueces caneros”, compinches de Vela y Pérez-; y al presidente Vizcarra, padrino de ambos fiscales. Recordemos que Vizcarra abandonó una misión oficial en Brasil retornando a Lima para, como él mismo señaló, pedir la destitución del entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry por haber cesado a Vela y Pérez en sus funciones como fiscales exclusivos encargados del affaire Lava Jato. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo un país sometido, inviable?