La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso viene debatiendo un proyecto de ley que regula la publicidad del Estado. El Legislativo electo en 2016 ya abordó este importante asunto. Lamentablemente quedó en nada, debido a la infamante campaña desplegada en contra por un consorcio mediático que maneja el país, encabezado por los diarios República, Comercio y sucedáneos fuera de sus canales televisivos (uno de ellos, canal 4, entregado a esas empresas por Toledo) aparte de estaciones radiales y portales y las redes sociales bajo su manejo. La publicidad estatal es un rubro que le extrae ingentes recursos al Estado, sin resultado alguno. Sólo lo dilapidado por PPK y Vizcarra les ha representado a los contribuyentes un cargo por cuatro mil quinientos millones de soles; equivalente a construir y equipar tres hospitales de primera calidad, sesenta escuelas óptimas, o 120 comisarías con todos los requerimientos necesarios.

Dicho esto, evaluemos el costo beneficio para el Estado y para aquellas empresas que reciben tamaño subsidio estatal. El Estado derrocha ingentes recursos, sin obtener a cambio la debida contraprestación. De otro lado, desde hace una década casi todos los medios vienen descapitalizándose por pérdida de lectoría y/o reducción del avisaje privado. Y conforme se agudiza ese crisis, se empeñan en destacar noticias cada vez más escandalosas; fundamentalmente sobre los desenfrenos de los gobernantes. Por su parte, estos últimos acaban cediendo a la corruptela de comprar la línea informativa y/o editorial de los medios, a cambio de que les allanen al camino y rebajen su crítica. ¿El objetivo? Desinformar a una ciudadanía manipulable, machacándole -a través de aquellos medios vendidos- sólo informaciones de interés para el inquilino de palacio, y silenciando de paso cualquier noticia que consideren contraria a su gestión. La materia gris de semejante podredumbre –corromper al periodismo- fue Montesinos. Un vicio que degeneró tanto a periodistas, presidentes, como a la clase política en general. No obstante,

Toledo se encargaría de santificar ese sistema cambiando los maletines que entregaba Montesinos repletos de billetes de dólares -en su clásica salita- por facturas de avisos. De aquellos acuse de recibo -millares de videos que, en su gran mayoría, quemaron los toledistas para proteger a sus correligionarios que asistían a ese mismo recinto para receptar pagos por otros menesteres- sólo quedaron como recuerdo los cassettes que dejaban constancia de la compra de voluntades de ciertos propietarios de medios. A partir de ese momento, la adquisición de conciencias de los empresarios mediáticos corrompibles se realiza a través de la trampita del avisaje estatal. O sea, la inmundicia se regulariza pagando IGV. ¡Al fin del día el fondo es el mismo! El gobierno remunera a los medios por desinformar al país, publicando –y/o dejando de informar- aquello que les ordene la dirección de informaciones de palacio.

¡Los gobiernos no necesitan publicidad! Veamos qué ocurre en los países avanzados. ¡Ningún aviso del gobierno! Sólo las informaciones oficiales de verdadero interés para el público -cuidadosamente reguladas por el Congreso, precisando cuáles son- salen publicadas noticiosamente en los medios periodísticos. ¡Y se acabó!