Los profesores de la Universidad Stanford de California, Maria Camey, Larry Diamond, Francis Fukuyama y Steven Levitsky han dirigido una carta al secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, rogándole revertir la decisión del Departamento de Estado que autoriza la extradición del reo Alejandro Toledo.

“Cualesquiera sean los argumentos para extraditar al expresidente Alejandro Toledo al Perú, creemos que hay convincentes consideraciones de carácter humanitario y derechos humanos que sobrepasan nuestros valores democráticos en estos momentos”, manifiestan, “para solicitarle revertir aquella decisión”. Argumentan que no existe posibilidad que hoy Toledo tenga un “justo y expeditivo juicio en el Perú”.

Pero ¿acaso eso mismo tienen otros peruanos? Sostienen que nuestros sistemas político y judicial atraviesan una profunda “conmoción”. Aunque, todos los peruanos soportan esto mismo; y no por ello están exceptuados de ser procesados. Aducen que las instituciones estatales en el Perú se encuentran altamente inestables, sin legitimidad pública; y que política y socialmente Perú está racialmente polarizado.

Nuevamente. ¡Ese mal lo soportamos 32 millones de peruanos! ¿Por qué, entonces, apelar irresponsablemente al tema racial como hecho sustantivo? ¿Acaso para victimizar al imputado Toledo, que fugó del país llevándose US$35 millones robados al Estado? ¿Por qué poner en jaque al Estado peruano, frente al ámbito mundial, en los precisos momentos en que viene siendo procesado otro presidente, cleptómano como Toledo, llamado Pedro Castillo, cuya detención viene siendo cuestionada por la izquierda internacional en politizada defensa a uno de los suyos? Es más, estos sabios de Stanford, acostumbrados a vivir protegidos por el escudo de su Alma Mater, seguramente saben que en Perú existen cinco sucesivos ex presidentes de la República acusados de robarle montos multimillonarios al país. Señores Camey, Diamond, Fukuyama y Levitsky.

Precisamente, el hecho que ustedes pertenezcan a la “élite académica extranjera” les impide entrometerse en argumentos materia de Constitución, leyes y procesos propios de otra nación. ¡Por más superlativa que consideren sus capacidades! En todo caso, ustedes deberían velar por los derechos y privilegios universales de los 33 millones de peruanos. ¡No únicamente por uno de los vuestros, quien delinquió ejerciendo la primera magistratura del Perú! Mayor ofensa no cabe para un mandatario -de cualquier nación- que el crimen que perpetró Toledo en el Perú, señores académicos. Con mayor razón tomando en cuenta que Toledo fue un reo contumaz, prófugo de la Justicia.

Por tanto las consideraciones que exponen para, repetimos, “defender en este caso a uno de los suyos” -académico de Stanford- no deben ni pueden esgrimirse como tales sin reconocer que la Justicia es igual para todos. Suponemos, eminencias de Stanford, que ustedes no deben convalidar excepciones. Consecuentemente, el caso de Toledo es uno que ustedes jamás deberían defender, dadas sus vinculaciones personales y su condición de expresidente de la República. Porque, quien delinquió como presidente, debe someterse voluntaria, obligatoriamente a la Justicia del Estado al que, con su conducta cleptómana, contribuyó a transformarlo en lo que ahora es, malversando aquella suprema instancia del poder que indebidamente consiguió alcanzar.

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