Quitándole horas al sueño diario termino de leer cuidadosa y meditadamente las 284 fojas que integran la “sentencia emitida dentro del proceso especial de colaboración eficaz”, Resolución N° 20, de 17 de junio de 2019, firmada por la juez María Álvarez Camacho.

Como señalé la semana pasada, accedí a ese texto, que voy a considerar auténtico mientras no se señale que no lo sea, a través de la biblioteca virtual, Scribd. Intenté antes que la Comisión de Justicia del Congreso obtuviera ese documento como derecho y deber de ese Poder del Estado de fiscalizar en nombre de todos los peruanos un acto de suma trascendencia moral y económica para el país.

Con cautela no he compartido el texto que bajé de esa biblioteca virtual, porque he sido aconsejada de no hacerlo a fin de no atraer sobre mí señalamiento malicioso ni menos responsabilidad alguna de carácter legal.

Curiosamente, el documento, que obra en la sección “documentos cargados por la comunidad” de esa biblioteca virtual, figura como “Acuerdo de colaboración Eficaz de Odebrecht” y aparece cargado por “Redacción Perú 21”.

Luego me he enterado que hasta EXPRESO, este prestigioso diario que acoge mi columna semanal, había publicado el link –también de Scribd– el 15 de julio de 2019.

Más curioso aún es que, a excepción de la gentil persona que me orientó hacia Scribd hace casi dos meses, muy pocas personas hayan tomado nota y analizado ese documento, que si bien no es el acuerdo mismo, se trata de la sentencia que lo aprueba u homologa y que para hacerlo recoge como referencia lo sustancial del mismo.

Por cuestión de espacio comenzaré a compartir mi análisis crítico de la sentencia conforme autoriza a toda persona el Art. 139, inciso 20) de la Constitución.

Mi primera conclusión es que el acuerdo impulsado por el fiscal Pérez Gómez y el procurador Ramírez nunca debió firmarse –menos aprobarse judicialmente– al ser evidente que Odebrecht y sus cuatro funcionarios “colaboradores” se ofrecieron aquí a “colaborar” luego que ya la justicia norteamericana tenía perfectamente identificados los graves actos de corrupción cometidos en el Perú y había accedido a sus archivos electrónicos en sistema Drousys.

Bastaba invocar la Convención de las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Trasnacional (Acuerdo de Palermo de 2000) y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de 1992, de las que Estados Unidos de América y Perú son estados parte, para obtener toda la información necesaria para castigar a los responsables, sin otorgarles beneficio premial alguno.

¡Continuaré!