La semana pasada inicié, con las limitaciones de espacio que implica un artículo de opinión, el análisis de la sentencia de 17 de junio de 2019 que aprobó el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz celebrado entre el fiscal provincial J.D. Pérez, y cinco colaboradores eficaces, cuatro personas naturales de nacionalidad brasileña y su empleadora, la matriz de la empresa Odebrecht.

Ya compartí mi parecer respecto a que ese acuerdo nunca debió firmarse puesto que de él, nuestro país nada obtuvo que no pudiera haber obtenido de la justicia norteamericana vía cooperación judicial en la lucha contra el crimen organizado.

El Perú “regaló” enormes beneficios judiciales y económicos a los dizque colaboradores.

Por nada y esto hay que resaltarlo, se libró a los cinco colaboradores de responsabilidad por los cargos de organización criminal y lavado de activos pese a estar más que acreditado que los supuestos de hecho para su tipificación se dieron plenamente.

Adicionalmente, la empresa quedó librada del pago inmediato de la reparación civil, cuyo monto, según la juzgadora, responde a la estimación del daño causado efectuada por el procurador Ramírez (fojas 226 a 232), resultando en la más que ridícula suma total de 610 millones de soles, pagadera en quince largos años, sin más explicación que los acuerdos a los que arribó también dicho procurador con los cinco colaboradores. Cabe notar que en diez de esos quince años Odebrecht abonará la diminuta suma de 22 millones cada año y el 2034 los intereses legales.

Además, Odebrecht quedó exonerada de todo impedimento para seguir contratando con el Estado o de enviar remesas al exterior (Caso Chaglla y los 524 millones de soles que se sabía tenía interés de sacar del país, y logró hacerlo, a inicios del 2020).

De nada vale que al aprobar el acuerdo – dando por corroborados todos los dichos de los supuestos colaboradores, (fojas 39, 116, 119, 138, 171 y 226)- la juez haga la salvedad (a fojas 218) de que ya había abiertas en el Perú investigaciones previas a los acuerdos preparatorios.

Tampoco vale de nada, a menos que el Ministerio Público tome nota de esto y actúe en consecuencia, que en su consideración # 75 (fojas 212) la juez pretenda salvar su responsabilidad advirtiendo que pese a que en la información dada y la documentación presentada “…se hace referencia a transferencias internacionales y contratos ficticios…”, la fiscalía no haya considerado “presuntos actos de lavado de activos” pese a ser “titular de la acción penal”.

¡Continuaré!