Es este mi tercer artículo respecto a los beneficios regalados por nuestro país a la empresa Odebrecht y sus funcionarios, que saltan a la vista de la sentencia de 17 de junio de 2019 que aprueba el acuerdo que los contiene.
Hoy mencionaré cómo la gestación, firma y aprobación de ese acuerdo estuvo condicionada o instrumentalizada con fines de hostigamiento y de persecución política a los opositores al gobierno iniciado en julio de 2016, ya sea en su etapa a cargo del ex presidente de la República P.P. Kuczynski como en la del actual mandatario M. Vizcarra.
Parte de esa instrumentalización con fines políticos, perfectamente incursa en el concepto de Lawfare, es decir del uso innoble de mecanismos legales para destruir al opositor (https://www.expreso.com.pe/opinion/lawfare-o-uso-innoble-de-mecanismos-legales-para-destruir-al-opositor/) consistió en rodear de malsana opacidad o “secreto” al acuerdo y no solo evitar su oportuna fiscalización sino la rendición de cuentas del fiscal y procurador responsables.

Tal opacidad y despotismo, desconocidos hasta ese momento en nuestro país, fue acompañada de bien montada campaña para generar expectativa respecto a supuestas posibles delaciones y revelaciones de políticos comprometidos en la corrupción de Odebrecht, los famosos “codinomes”, en procura de los cuales – e hizo creer- valía la pena empeñar los intereses del país y permitir que Odebrecht y sus altos funcionarios en el Perú considerados luego “colaboradores eficaces”, obtuvieran impunidad total para sus delitos de organización criminal y lavado de activos y salvar millonario patrimonio pese a deber tanto o más al Perú.

Leyendo con detenimiento, como lo he venido haciendo, la sentencia que aprueba el acuerdo tantas veces mencionado, advierto que salvo los nombres de políticos que tuvieron función ejecutiva a nivel nacional, regional o local, ningún otro político, menos de la verdadera oposición al gobierno iniciado el 2016 aparece siquiera mencionada en el fallo, que en sus 149 considerandos recoge lo esencial del acuerdo y de las declaraciones de los colaboradores eficaces, las cuales, reiteraré, no aportaron nada que no haya estado ya incluido en los archivos que la justicia norteamericana había analizado para su decisión judicial de fines del 2016.

En esa línea cabe resaltar que de los cinco colaboradores solo uno hace referencia a “contribuciones de campañas políticas” (considerando 50, fojas 115 del fallo). Este colaborador, persona natural, estuvo en Perú del 2013 al 2016 y solo se refiere y da elementos de corrupción y financiamiento de campaña a políticos responsables de la obra de Evitamiento en Cusco y de la Via Costa Verde- Tramo Callao.

¡Continuaré!