El Acuerdo de Escazú es conocido como “Tratado de la Comisión Económica para América Latina” (Cepal) porque será este organismo que obligará a los Estados Parte a informarle acciones relacionadas a derechos humanos en asuntos ambientales. Este acuerdo postula objetivos y principios que teóricamente son irrebatibles, como que contribuye a la protección del derecho de toda persona a vivir en medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, o que se rige bajo principios de buena fe, equidad intergeneracional, soberanía permanente de Estados sobre sus recursos naturales, igualdad soberana de Estados, etc.

Sin embargo, antes de emitir su voto los congresistas deben saber que en la práctica, si nuestro país se adhiere a este peligroso Acuerdo, permitiríamos que cualquier persona, o personas jurídicas como las ONG ambientalistas (existen aproximadamente un centenar en el país) puedan acceder a toda información ambiental obligando al Estado a entregársela, además posibilita su participación en proyectos, inclusive antes que las empresas presenten estudios de impacto ambiental (EIA), igualmente, les permitiría acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar decisiones u omisiones que según ellos podrían afectar el ambiente.

También, antes de emitir su voto los congresistas deben saber que conforme al Anexo I del Acuerdo son 33 países de América Latina y el Caribe que pueden firmar y adherirse (Estados Unidos y Canadá no intervienen), de éstos, 22 han firmado y para que entre en vigor deben ratificarlo 11, actualmente 9 lo han ratificado, además de Bolivia y Ecuador, 7 países, la mayoría pequeños y sin recursos naturales: San Cristóbal y Nieves (población 55 mil, extensión 261 km2); Antigua y Barbuda (población 96 mil, extensión 442 km2); San Vicente y las Granadinas (población 110 mil, extensión 387 km2); Guyana (población 800 mil, extensión 215 mil km2); Jamaica (población 2.9 millones, extensión 11 mil km2); Panamá (población 4 millones, extensión 75 mil km2) y Nicaragua (población 6 millones, extensión 130 mil km2), todavía no lo ratifican Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú.

Bajo este panorama faltando solo dos ratificaciones (plazo vence este 27 setiembre) es probable que el Acuerdo entre en Vigor porque puede ser ratificado por cualquier otro país firmante (Haití, Santa Lucía, Granada, Guatemala, Costa Rica o República Dominicana), sin embargo, si el Congreso peruano no lo ratifica (sería la mejor opción) no nos obliga al tratado, si lo ratifican, estaríamos cediendo voluntariamente soberanía en nuestra Amazonía, afectando proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, además de trasladar conflictos ambientales de carácter interno hacia tribunales internacionales.