El Grupo Amigos de Venezuela, que reúne personas vinculadas al mundo diplomático, académico y político, ha emitido un importante comunicado demandando conocer el convenio suscrito entre los ministerios de Salud del Perú y Cuba, para la contratación de una brigada médica de ese país, en apoyo a la campaña Covid-19.
Ese pedido se sustenta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, No. 27806, que obliga al Gobierno a divulgar el acuerdo aludido, sus anexos y las recomendaciones formuladas por la Cancillería. La única limitación para mantener en reserva un pacto bilateral es cuando versa sobre asuntos de seguridad nacional, situación que no corresponde a una campaña sanitaria.

Este tema tiene especial importancia, porque está vinculado a numerosas denuncias sobre pagos diminutos que reciben los profesionales de la salud cubanos, mientras el régimen de La Habana se reserva el mayor monto de los ingresos y otro cantidad es derivada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), institución que igualmente debe informar sobre los recursos captados por ese extraño servicio de intermediación que, hasta donde conocemos, no ha sido autorizado por el Comité Ejecutivo de los países integrantes del sistema, entre ellos el Perú. Es necesario, además, en este contexto, conocer si las condiciones laborales pactadas con el Ministerio de Salud de Cuba son compatibles con la legislación nacional y con exigencias de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ).

El comunicado también considera “inaceptable que se utilice ese programa médico para realizar actos de proselitismo político, como se ha observado en el despliegue de banderolas con imágenes del guerrillero Ernesto Guevara, desplegados por la misión médica cubana, que han debido merecer un público rechazo del Gobierno del Perú, porque constituye una intromisión en asuntos internos”.

Por ello, se debe descorrer el velo de misterio que envuelve ese acuerdo bilateral, dejando establecido el permanente reconocimiento del Perú al apoyo gratuito y generoso desplegado por médicos cubanos en los devastadores terremotos de 1970 y del 2007.

La transparencia, sin duda, es indispensable en todo acto de un gobierno democrático, que también se extiende a los asuntos externos cuando existen documentos suscritos. Ocultarlos no es una buena señal. Crea dudas y suspicacias. Cuestionamientos y afectación en las relaciones bilaterales, máximo aún cuando es público el blindaje político de La Habana al gobierno corrupto y genocida de Maduro, causante de innumerables desgracias, que ha obligado a migrar a cinco millones de seres humanos en búsqueda de comida, medicinas y seguridad, un millón de los cuales se encuentran en territorio peruano.

En esa misma línea de transparencia, ahora que el Congreso debe ratificar o rechazar el Acuerdo Regional sobre Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Escazú, aprobado el 4 de mayo del 2018, es importante conocer las instrucciones y autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores a los funcionarios diplomáticos que nos representaron en esa reunión, porque se trata de un tema sensible que, entre otras observaciones, facultaría a cualquier Estado a interferir en decisiones soberanas medio ambientales de nuestro país y que puedan recurrir a la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas cuando estén en desacuerdo con aspectos de política interna. Además, el tratado de Escazú, impulsado por organizaciones y las ONG de izquierda, podría ser utilizado para bloquear importantes inversiones mineras y petroleras, como lo han venido haciendo en varios proyectos de esta naturaleza.