Nuestra carta fundamental establece que la ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.

La nacionalidad peruana es un tema complejo que va más allá de lo jurídico, abarcando aspectos filosóficos y políticos que reflejan su importancia como un elemento de identidad y pertenencia; la Ley Fundamental regula cómo se adquiere y recupera la nacionalidad, y la define como irrenunciable a menos que el individuo decida expresamente renunciar a ella ante una autoridad peruana. Los antecedentes constitucionales de la nacionalidad peruana, específicamente las disposiciones contenidas en las Constituciones de 1933 y 1979, marcan la evolución de cómo se ha entendido y regulado este vínculo fundamental; mientras la Constitución de 1933 enfocaba la adquisición de la nacionalidad principalmente bajo los principios de ius sanguinis (derecho de sangre) y de ius soli (derecho de suelo), la Constitución de 1979 amplió y detalló las condiciones bajo las cuales se podía adquirir, perder o recuperar la nacionalidad, estableciendo un precedente para la legislación actual que privilegia la estabilidad y permanencia de la nacionalidad peruana.

El derecho internacional juega un papel crucial en la configuración de la normativa sobre la nacionalidad, a través de tratados y declaraciones que limitan la discrecionalidad de los Estados y promueven la protección de los derechos humanos. Documentos fundamentales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen un marco ético y legal que influye directamente en la concepción peruana de la nacionalidad, especialmente en lo referente a la prevención de la apatridia y la garantía de los derechos fundamentales asociados a la posesión de una nacionalidad.

La disposición constitucional encapsula una filosofía jurídica y política que valora la nacionalidad más allá de un mero estatus legal; este enfoque reconoce la importancia de la voluntad y la autonomía individual en la determinación de la identidad nacional, situando al individuo como sujeto activo y no como mero receptor de la nacionalidad; en este sentido, la nacionalidad se convierte en un derecho inalienable que refleja la dignidad de la persona y su libertad para elegir su identidad política y cultural. El principio de que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa, subraya la consideración de la nacionalidad como un derecho fundamental; esta visión se alinea con la tendencia internacional hacia la protección de los derechos humanos y la lucha contra la apatridia, asegurando que cada individuo tenga el derecho inalienable a una nacionalidad; este enfoque fortalece la conexión entre el ciudadano y el Estado, promoviendo un sentido de identidad, pertenencia y responsabilidad compartida hacia la comunidad nacional.

Desde una perspectiva social y política, la estabilidad de la nacionalidad peruana tiene profundas implicaciones para la inclusión social, la participación democrática y la cohesión nacional. Asegurar que la nacionalidad no se pierda involuntariamente promueve una sociedad más inclusiva y democrática, donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo y bienestar de la nación. Además, en un contexto de globalización, esta política permite a los peruanos en el extranjero mantener un vínculo vital con su país de origen, fomentando una diáspora comprometida y participativa.

La nacionalidad peruana, en su concepción actual, refleja un compromiso profundo con los principios de dignidad humana, derechos fundamentales y participación ciudadana. A través de un análisis de sus antecedentes constitucionales, su marco dentro del derecho internacional, y su fundamentación en una filosofía jurídica y política que privilegia la voluntad y autonomía del individuo, se revela una concepción de la nacionalidad como pilar fundamental de la identidad, la inclusión y la cohesión social en el Perú. Este enfoque no solo asegura la protección contra la apatridia, sino que también promueve un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida entre el Estado y sus ciudadanos, esencial para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo nacional.

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