A la luz de lo sucedido ayer, viernes 10 de noviembre, durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los dos órganos del sistema interamericano de derechos humanos de la OEA –el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH–, en que vimos un penoso fuego cruzado de palabras, conviene precisar –y me dirijo a los periodistas del Perú y del mundo, que hacen sus formidables notas, para que las elaboren pegados a la connotación que realmente corresponde para ilustrar de la mejor manera a la opinión pública– de que el Perú no tiene embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), tampoco ante la Organización de las Naciones Unidas (IONU). ¿Por qué? Pues porque tanto la OEA como la ONU no son Estados, es decir, no tienen territorio, población y mucho menos soberanía, que es una cualidad intrínseca y exclusiva de los Estados, también llamados sujetos del derecho internacional, ante los cuales se cuenta la denominada representación mediante las embajadas o misiones diplomáticas y su regulación está determinada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Por tanto, el señor Gustavo Adrianzén –protagonista del bochornoso suceso de ayer en que fue increpado por asistentes a la audiencia y respondió en el mismo tono, confundiéndose entre ellos– no es embajador del Perú ante la OEA, sino Representante Permanente de nuestro país ante esta importantísima organización panamericana, que es completamente distinto, y cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington. Por cierto, en esta ciudad estadounidense, que es la capital de los Estados Unidos de América, sí contamos al embajador del Perú ante este país. Por lo anterior, lo que estoy diciendo es muy importante porque las funciones de Adrianzén no son diplomáticas, aunque sí tienen ese estatus, lo que no significa que sea lo mismo.

Una segunda precisión es que el miembro de la CIDH, señor Carlos Bernal Pulido, al intervenir para pedir cordura en la sala dijo “que este es un diálogo diplomático de alto nivel…” y eso también es incorrecto. Las intervenciones en la CIDH son eminentemente jurídicas, de naturaleza procesal o de corte de litigación relativas a derechos humanos, por lo que el diálogo diplomático es lo menos existente en este marco forense panamericano. En cuanto a la actuación del señor Adrianzén, pues ha sido muy lamentable porque está obligado a mantener las formas porque es el representante del Perú ante una organización internacional de primer orden. Ponerse de boca a boca con las personas que lo increparon lo único que ha conseguido es agudizar la idea ya cundida por diversas partes del mundo de que en el Perú se violan sistemáticamente los derechos humanos y de que las autoridades peruanas son conductual y temperamentalmente tal como Adrianzén acaba de mostrarlas, es decir, simbolizando un estereotipo prepotente y eso es muy malo y muy lamentable para la imagen internacional del Perú. El mayor perjuicio es para la presidenta Dina Boluarte porque la idea de vivimos en un país que no es precisamente de paz como la mandataria dijo durante uno de sus recientes viajes al exterior, por lo sucedido, estamos por los suelos, trasluciendo a un país de abusivos, insensibles e indiferentes. Sin estrategia de nada –la comisión de constitucionalistas desapareció tan pronto fue creada–, todo esto nos afectará a los peruanos mirando las inversiones y el turismo, principalmente, y afectará a la presidenta Boluarte en el futuro, por una realidad político-jurídica y punitiva de cuya grave connotación o no se la han dicho o tampoco la entiende.

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