La Presidencia de la República, para afrontar los primeros 100 días de gobierno, debería crear un grupo estratégico de asesores, al que podría denominarse de Alto Gobierno, para que coordine y monitoree las políticas públicas con medidas de corto y mediano plazo, que desarrollarán los ministerios, a los cuales se les debe exigir rendición de cuentas y mucha transparencia.

El gobierno de Sagasti está dejando cerca de 100 millones de vacunas, sin embargo, solo se ha vacunado al 15% de la población con doble dosis, dejando para el nuevo gobierno la atención del 85% de la población nacional, entre quienes se incluyen 100 mil centros poblados de difícil acceso y con muy pocos habitantes.

En este contexto, es necesario hacer campañas de vacunación territoriales y masivas en base a una alianza entre el Ministerio de salud, los gobiernos locales y las Fuerzas Armadas, que aseguren un promedio de 300 mil vacunas diarias. Estas campañas ya no necesitan discriminar por edad, pues ya están más que aseguradas las vacunas que requiere la totalidad de la población. Esto permitirá que se pueda abrir la economía, consolidando su reactivación.

El proceso para el retorno a clases mixtas (presenciales y a distancia) y seguras implica continuar con la vacunación de los docentes, administrativos y estudiantes; también que los colegios cuenten con la certificación de seguridad antisísmica emitida por Indeci, para que se les refuerce y se les brinde los servicios requeridos para la educación básica. Además, resulta pertinente revisar la ejecución presupuestal del Minedu y reorientar recursos a la atención de las entidades educativas de zonas rurales; gran parte de ellas sin electricidad ni internet.

Si bien la economía se está reactivando, el empleo todavía no se ha recuperado, y hay problemas de ingresos para solventar el consumo familiar. Por lo tanto, es importante implementar programas de ayuda alimentaria a la población, y programas de generación de empleo temporal. El principal problema es la disponibilidad de recursos fiscales y el poco tiempo, pues solo hay plazo hasta el 31 de agosto para reformular el Proyecto de Presupuesto Público para el 2022 y entregarlo al Congreso de la República.

El Perú tiene un nivel muy bajo de tributación, alrededor del 14% del PBI, mientras el promedio de la región latinoamericana es del 19% del PBI. Debemos considerar que no se aprovechó el largo ciclo de altos precios de los minerales (2003-2012) para mejorar la recaudación de la minería, algo que no debería volver a suceder.

Nunca se implementó una verdadera reforma tributaria para incrementar los recursos fiscales de la nación. El desafío actual del nuevo gobierno es tener la capacidad técnico-política de realizar una verdadera reforma tributaria, que implicaría revisar las exoneraciones, la estructura de los impuestos y mejorar la recaudación, además de renegociar las regalías en función de las ventas mineras, en el contexto actual donde el cobre supera los US$/. 4.60 la libra; un precio bastante elevado para su estándar. Estos nuevos ingresos, por distintos conceptos, en ningún caso irán a incrementar el gasto corriente (planillas), sino que deben ser utilizados en inversión social y productiva.

En el caso de la minería, el pago de regalías en función a las ventas mineras es algo que se realiza en Chile, Colombia y otros países del mundo. En Chile se cobra el 70% en regalías al excedente de ganancias que resulte de las ventas de cobre, por encima de los US$/ 4.00 la libra.

Por otro lado, respecto a la energía eléctrica en el Perú, el BCRP prevé la caída de la reserva de electricidad en los próximos años, por el aumento de la demanda. A eso se añade que las tarifas eléctricas para el consumo doméstico son entre 20% y 30% más elevadas que el promedio de los Estados Unidos; por lo que es urgente revisar, a corto plazo, la política de regulación de tarifas realizada por el organismo regulador de la energía, y promover el uso de energías alternativas.