Deseo hacer una reflexión de los riesgos, porque los hay, que asume toda persona cuando desempeña un cargo dentro del aparato estatal, siendo indistinto que a éste se haya accedido por mandato o elección popular.

Por lo general se cree que cualquier inconducta o infracción de una norma administrativa pasa por una amonestación, una multa y solo en casos extremos suspensión o destitución; craso error, hace ya algún tiempo que la inobservancia de las responsabilidades de un cargo por acción u omisión ya no solamente se quedan en la esfera de lo administrativo, sino que concurrentemente entran a tallar también sanciones civiles y penales, pudiendo perderse hasta “la libertad”.

Con el afán de erradicar la corrupción en el Estado, se fueron endureciendo las leyes sancionadoras para los funcionarios que atenten contra el correcto funcionamiento de la administración pública, “bien jurídico protegido”, que el Derecho busca defender, garantizar, por lo cual ha perdido fuerza aquello de que “la responsabilidad penal es personalísima”, porque al final se termina incorporando a una investigación o proceso penal a los titulares de las entidades, no hay reglamento (ROF) o manual (MOF) de funciones que valgan (herramientas de gestión que delimita las competencias y funciones de los servidores en una institución), todos en menor o mayor grado son sindicados de causar agravio al Estado.

Siendo como es, un “HONOR” servir a tu país, ahora con la actual legislación y el criterio de muchos operadores del derecho, el desempeñar un cargo en la administración pública constituye una ocupación de “alto riesgo”, hay a la sazón una muy delgada línea entre lo administrativo y lo penal, puede el servidor tener una hoja de vida intachable, pero basta que un trabajador del sector que éste dirige, infrinja las leyes, para ser arrastrado también en los procesos sancionadores, con el consecuente escarnio público.

No obstante, trabajar por el Perú siempre valdrá el riesgo, de ahí la vital importancia de una autoridad de rodearse de funcionarios decentes, competentes, de experiencia en la gestión pública, de reconocida trayectoria, porque se está con un pie en los juzgados o en la cárcel, durante o al terminar su periodo.

Por lo cual, con el mayor respeto y consideración a su alto cargo, me dirijo a usted, Presidente Pedro Castillo, para recomendarle reflejos, tomar acción al tomar conocimiento de imputaciones por el mal accionar de los funcionarios que le rodean y trabajan para su gestión, desde los propios ministros hasta sus secretarios, no retarde el separarlos del Estado, recuerde que muchas veces para el juzgador, la autoridad tenía o estaba en condición de saber lo que pasaba en su sector y por tanto su inacción, su silencio lo compromete, lo hace pasible de sanción penal. Escuche consejos, no se cierre. Ahí está por lo pronto su premier, óigala.

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