Ahora sí se justifica la vacancia de Dina
Ahora sí se justifica la vacancia de Dina
Era de quienes creían que, por respeto a la sucesión constitucional y aunque no nos gustara su gobierno, Dina Boluarte debía continuar hasta julio de 2026. Sin embargo se ha hecho un destape fiscal que sí debe obligar a un cambio anticipado en la medida en que se evidencia como cierto el testimonio del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, quien asegura que la hoy presidente ordenó a dos de sus allegados que realicen acuerdos irregulares con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la segunda vuelta presidencial del 2021 para que no prospere la impugnación de cientos de actas electorales realizada por Fuerza Popular.
Según el programa televisivo Punto final, las declaraciones fueron ratificadas el 17 de abril precisando que “tras la segunda vuelta del 2021, Boluarte ordenó a José Medina Guerrero (exalcalde de Anguía, Cajamarca) y Alejandro Sánchez Sánchez (financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo, recién extraditado desde los EE.UU.) que intercedan ante Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar, miembros del pleno del JNE. (…) para que obtengan un resultado favorable”.
“El miércoles 09 de junio de 2021, Medina y Sánchez, reunidos en la casa Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de PL (…) Asimismo, comentó Alejandro Sánchez que el ‘1’, haciendo referencia a Castillo Terrones, ya aseguró el voto del ‘1’ del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas”.
Efectivamente, el 11 de junio del 2021, el JNE amplió el plazo para recibir los recursos de nulidad de mesas de sufragio de Fuerza Popular y Perú Libre. Pero horas después dio marcha atrás y dejó sin efecto esa decisión.
Además se compromete a Richard Acuña, hijo del dueño de APP.
Esta confesión coincide con los indicios investigados por la Comisión Montoya y confirma que efectivamente hubo fraude en las elecciones del 2021. Por tanto hubo delito de parte del castillismo integrado por Dina Boluarte, quien no puede quedar impune y debería cesar de inmediato en el cargo. Se trata, a todas luces, de una conspiración mayor que le quita toda legitimidad en el cargo, lo mismo que en el caso de los miembros del JNE quienes deberían ser removidos ipso facto y remplazados por los accesitarios.
La Comisión Permanente del Congreso debe reunirse de inmediato y analizar la situación porque bajo ninguna excusa el gobierno del Perú puede proseguir en manos espurias de quien ha complotado para usurpar el poder.
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