El Congreso aprobó finalmente la ley que ocupará el lugar de la derogada ley de Promoción Agraria. Y, como era de suponer, produjo un parto de los montes. El Congreso no ha resuelto nada, lo que ha producido no ha contentado a nadie.

No está claro hasta el momento si, como han anunciado, los azuzadores retoman el bloqueo de carreteras a partir de la fecha. Está claro, en cambio, que en horas de la tarde un pronunciamiento firmado por casi todos los gremios empresariales –SNI, CONFIEP, ADEX, las cámaras de Comercio de Ica, La Libertad, Piura y Arequipa, Perucámaras, la Sociedad Nacional de Pesquería, AMCHAM y la Asociación Automotriz del Perú–, señaló que el Congreso “quiere imponer una remuneración a través de una ley”.

Los gremios denuncian que esto es inconstitucional, porque “significa una regulación de precios y viola el derechos de libre contratación y negociación directa entre trabajadores y empleadores”.

Recuerda con razón, además, que “el Congreso no ignora que la sobrerregulación laboral ha significado que de los 17 millones de trabajadores que componen la PEA, solo 5 millones acceden a algún derecho laboral y 12 millones trabajan en la informalidad, es decir precariamente, sin protección de salud, sin reglas de higiene y seguridad, sin protección por ceses arbitrario, sin vacaciones y CTS y con salarios muy lejos del marcado laboral formal”.

Concluye correctamente que “la legislación laboral, aunque persigue fines dignos, está muy lejos de la realidad que pretende regular”.
Claramente, es una toma de posición de la que los gremios no van a retroceder.

El Congreso ha fracasado en resolver el problema que creó al derogar la ley anterior. Y, por declaraciones de la víspera del ministro del sector agrario –cuyo nombre actual es difícil de recordar–, sabemos que el Ejecutivo procuraba al parecer dejar en manos de trabajadores y empresarios la negociación de alguna forma de equilibrio entre ambas.

Esto es precisamente lo que el Congreso, en su orgía demagógica, ha fracasado en hallar. Sin embargo, el gobierno propone para esa negociación buscar el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la OIT.
Negociar libremente es a lo que las partes tienen derecho constitucional. Es la única forma de resolver el conflicto creado por el Congreso y el Ejecutivo sin causar más daño. Pero hay una salvedad. Las partes no necesitan la mediación de la OIT y mucho menos de la Coordinadora de DDHH, que son organismos políticamente parcializados.

Deben tener la libertad de buscar igualmente sus propios árbitros, privados o públicos, y empoderarlos para alcanzar una solución.

El Estado como tal –Legislativo y Ejecutivo– ha fracasado en hallar una solución equilibrada a la realidad que pretendía regular. Hoy las partes no deben tolerar la imposición de ningún arbitraje. Deben encontrar el equilibrio por sí mismas.