A punto de cumplir el bicentenario de su independencia, el Perú está reducido a la incertidumbre, al capricho de algunos caudillos y eventualmente puede cruzar el umbral de una guerra civil.
La explicación inmediata es que el proceso electoral reciente está viciado por irregularidades y trampas múltiples desplegadas por una organización de izquierda que auspicia a Pedro Castillo.
El JNE bien podría invalidar lo actuado, o por lo menos investigar las múltiples denuncias formuladas desde Fuerza Popular y diversas organizaciones de independientes, pero opta por la sinrazón jurídica. Privilegia incidentes procesales y no atiende criterios de fondo, con lo cual está a punto de resolver a favor de un fraude escandaloso.
Sobre la base de la incertidumbre los comunistas despliegan un psicosocial que consiste en persuadiar falaz y emocionalmente a todos de que ya “ganaron” y que “se está manipulando” para impedir su victoria. Intimidatoriamente la propaganda roja se acompaña por exhibiciones matonescas de ronderos armados de machetes posesionados ilegalmente en espacios públicos como la Plaza San Martín.
El gobierno, en vez de cumplir con la función elemental de mantener el orden público y prevenir la violencia, incurre en farsantería al declarar que el uso de los machetes es solo cuestión “cultural”. Mientras tanto lanza una ofensiva múltiple contra el Congreso (que intenta cumplir con renovar el TC); contra la estructura policial (vía un DS inaceptable); y contra 23 generales en retiro del Ejército, 22 vicealmirantes en retiro de la Marina y 18 tenientes generales en retiro de la Fuerza Aérea, quienes simplemente instan al JNE a cumplir “de manera confiable y transparente su mandato constitucional”.
Sagasti echa gasolina al fuego; cree que puede amedrentar a los militares con el pedido de una investigación fiscal por presunta conspiración y no advierte que está dañando el honor de miles de oficiales de las FF.AA. y la PNP, gracias a quienes hoy el Perú tiene paz interna e internacional.
Olvida también que existe el grave riesgo de un enfrentamiento armado entre peruanos. La guerra civil está a la vuelta de la esquina porque las condiciones son equivalentes a las del siglo XIX cuando, entre 1820 y 1842 el país pasó por catorce años de guerra, más otras tres guerras de alcance nacional, entre 1854-1855, 1865 y 1894-95.
Suena dura la advertencia, sin embargo es cierta: o se impone la legalidad y la legitimidad electoral, o terminamos en un baño de sangre entre compatriotas.

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