Por Alejandro Muñante Barrios

Mientras Francisco Sagasti le pedía un autógrafo al terrorista Néstor Cerpa Cartolini al ser liberado de su corto cautiverio en la embajada del Japón en diciembre del 96, militares dentro y fuera de la residencia se preparaban para lo que sería catalogado como la operación militar más exitosa del mundo, la operación Chavín de Huántar, y donde, lamentablemente, murieron dos valientes oficiales. Esos mismos militares que pusieron en peligro sus vidas en esa y otras operaciones a lo largo de su incansable lucha contra la lacra terrorista, hoy son víctimas de un nuevo maltrato, pero esta vez propiciado por aquel ex rehén convertido hoy en presidente de la República.
Y es que muchos de nuestros héroes de la pacificación nacional, hoy en situación de retiro, fieles a su juramento pepetuo de defender la patria, mostraron su preocupación pública por las graves irregularidades de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta; preocupación que se condice con el 65% de los peruanos que, según una última encuesta de Datum, percibe que hubo serios indicios de fraude. Sin embargo, sus valerosos intentos de hacer conocer sus posiciones frente a esta situación, como pronunciamientos y cartas dirigidas a los actuales altos mandos, han sido catalogadas por grupos filocomunistas como actos de sedición, conspiración y hasta atentatorias del orden constitucional, entiéndase golpe de Estado, tal como lo afirmara el propio presidente Sagasti en un mensaje a la Nación.
Hay que precisar que toda declaración que se haga en protesta por unas elecciones limpias y transparentes, donde la voluntad popular se vea auténticamente expresada en los resultados, y aun cuando en dichas declaraciones se exijan nuevas elecciones a las propias autoridades competentes como una alternativa de solución frente a las masivas irregularidades ocurridas en el presente proceso electoral y que son de conocimiento público, son y serán declaraciones realizadas dentro del marco del derecho humano a la libertad de expresión, el cual es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas y constituye piedra angular de su existencia.
Necesario es recordar la famosa expresión de Ulpiano «Cogitationis poenam nemo patitur», que se traduce en: «Nadie puede ser castigado por lo que piensa», una máxima que hoy se utiliza en el derecho penal. Desde luego, este y todo intento de criminalización de la opinión y persecución política de nuestros veteranos, debe merecer el repudio de toda la ciudadania, aquella que hoy goza de la seguridad que con tanto sacrificio nos dejaron. A ellos, nuestra eterna gratitud y respeto.

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