El periodismo es imparcial pero frente al abuso no puede ser neutral, debiendo siempre -con hechos- informar lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo, en la Municipalidad de Surquillo -donde cambian roles de alcalde los Huamaní y los Casassa, como si el uno y el otro se pasaran la posta en una pista atlética-, sucede que se mantiene por años un problema en la zona de “Casas Huertas”, generado por el Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos) de la dictadura del general Velasco. Sin embargo, en toda carrera atlética hay reglas que deben ser respetadas.

Por otro lado, no es correcto que hasta ahora los funcionarios municipales de Surquillo no concedan entrevistas y guarden un extraño silencio frente a los problemas vecinales en “Casas Huertas”, siendo que revisten interés público especialmente cuando ahora nuestro querido Perú afronta el dilema electoral de decidirse por el Estado de derecho o pasar al lado del totalitarismo estatista comunista que vulnera la libertad y la propiedad privada.

Es lamentable que algunos en la Municipalidad de Surquillo, sin ser los Castillo o los Cerrón, procedan en la práctica desconociendo el Estado constitucional de derecho y la propiedad privada. Ningún ciudadano -y menos vecinos decentes y respetables como los representantes de la sucesión Osorio Hernández- deberían ser maltratados por la administración pública, mucho más cuando no pueden usar ni disfrutar su propiedad ubicada en “Casas Huertas”, predio arrebatado por el totalitarismo velasquista mediante Resolución Nº 272-73-SINAMOS, hecho que causó la aparición de ocupantes precarios que hoy serían avalados por la referida municipalidad.

Sólo ocurre en Perú que, representantes de una sucesión, con título inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), no puedan contar con su predio y sean ignorados por el Concejo Municipal de Surquillo, entidad que incluso extravió un expediente administrativo (Nº 332-2019), estando obligada a cumplir una resolución del Tribunal Fiscal que obliga al alcalde Giancarlo Casassa a rectificar un área y autoavalúo (Código Nº 0043998). Entonces, ante esto, señores de la AMPE, ¿qué es lo que pasa en una municipalidad limeña que no cumple las resoluciones del Tribunal Fiscal, pierde expedientes y encima no atiende a los vecinos ni a la prensa?

La indiferencia y las “mecidas” se han extendido en los despachos de la administración pública durante la pandemia y la Municipalidad de Surquillo no es la excepción, debiendo ya mismo reconstruir un expediente perdido, respetar lo que dice el Tribunal Fiscal, también lo que consta en la Sunarp y atender oportunamente a vecinos que solo defienden su propiedad.

@RafaelRomeroVas