La explotación sexual se ha convertido en uno de los delitos cuya incidencia es cada vez mayor en el Perú. Sus principales víctimas son las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país. Pero también los migrantes, quienes dentro del grupo anterior conforman un sector vulnerable por causa de su estado de necesidad y carencia de oportunidades laborales. Vulnerabilidad que se ve acentuada en estos tiempos de pandemia.
La explotación corresponde a una actividad destinada a obtener un provecho económico o utilidad que recae regularmente sobre diversos recursos valiosos para generar productos o servicios ofrecidos legalmente en el mercado. La explotación sexual recae sobre las personas, siendo objeto de comercio el sexo, que no necesariamente implica el acceso carnal o el contacto físico, ya que también el acceso a exhibiciones obscenas o el registro y publicación de imágenes o videos con contenido pornográfico son muestras de ese objeto de comercio. Quitando los debates morales a los que puede llevarnos este tipo de prácticas, el aspecto antijurídico deriva de que no se trata de negocios con personas que puedan dar su libre consentimiento y en condiciones en la que dicha decisión no esté afectada por algún vicio (violencia, amenaza o engaño), sino que supone la presencia de abuso de condiciones de desventaja: minoría de edad, condiciones de ilegalidad, desempleo e imposibilidad de sostener necesidades básicas propias o de su familia.
Los delitos de explotación sexual están regulados en el Código Penal como actos contra la dignidad humana y no contra la libertad o indemnidad sexual porque precisamente afectan de manera directa la condición de ser humano, objetivándolo, convirtiéndolo en una mercancía más. Se establece un mercado sobre el sexo en el que además se constituyen empresas dedicadas a dicha actividad, la cual se transforma en delictiva cuando es impuesta, abusiva o recae sobre personas que no pueden decidir libremente por diversos condicionamientos como la edad, la necesidad y la situación ilegal, entre otros.
Podemos encontrar diversos momentos en los que las actividades de explotación sexual han sido criminalizadas. Por ejemplo, el que está referido a quien provee el recurso humano (tratantes o los que se dedican al tráfico de migrantes), el de los facilitadores o promotores de la actividad (que brindan capitales y condiciones para su desarrollo), el de los gestores del negocio (que administran y dirigen) y el de los que obtienen las ganancias de dichas actividades. Sin embargo, la explotación sexual no se reduce a los delitos que tienen como objeto la prostitución (proxenetas, facilitadores y rufianes): también abarca a los que desarrollan la denominada esclavitud y servidumbre sexual, el turismo con dichos fines, la pornografía infantil y las exhibiciones obscenas de menores de edad.
Los lugares que han arrojado mayores cifras en la práctica de la explotación sexual son Lima, Puno, Madre de Dios, Lambayeque y Arequipa. La mayoría de las víctimas son mujeres, adolescentes o jóvenes que fueron captadas regularmente mediante ofrecimientos de trabajo o estudios en muchos casos a través de internet. La reducción o eliminación de estas prácticas dependerá de la creación de mejores mecanismos de prevención, principalmente con mayor información en la familia y comunidad, los cuales permitan exigir mayores garantías en la búsqueda de trabajo u oportunidades de estudio, así como también de un control e intervención estatal más efectiva en servicios que son utilizados como “fachadas”.

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