¿Alea Jacta Est?

¿Alea Jacta Est?

El artículo 99° de la Constitución establece que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República (…) por infracción de la Constitución y por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que haya cesado en ésta. El artículo 113° instituye las causales por las que vaca la presidencia. El artículo 117° detalla las causales por las que el Presidente puede ser acusado durante su periodo gubernamental. Así, tal como están redactadas las normas, de un modo de otro, sea cual sea la infracción constitucional, el delito o la causal en que incurriera el Presidente, siempre tendrá que pasar por el ladino, miope y complaciente rigor investigativo de la actual mayoría palaciega; lo que en buen romance significaría que, por ce por be, el pollino Castillo se saldría con la suya.

Hermanos peruanos, sin parar, de noche de día, en mi cabeza retumba una y otra vez la misma pregunta: ¿acaso la Constitución e inmunidad presidencial lo blindan y protegen impunemente? ¡Pues no, claro que no! La inmunidad presidencial se instituye para garantizar estabilidad gubernamental; lo blinda ante cualquier afán acusatorio; lo hace invulnerable respecto de actos propios de la función pública, mas no debería hacerlo respecto de delitos comunes, ni debería estar protegido con el paragua de la “flagrancia”… ¡Claro que no!

Tal como están las cosas, qué ocurriría si el presidente de la República cometiera delitos como por ejemplo: tráfico ilícito de drogas, tráfico de menores, tráfico de terrenos, violación de menores, sicariato, colusión, cobro de coimas, favorecer a terceros para ganar contratos con el Estado, cobros por asensos en la PNP y las FF.AA., direccionamiento de contratos para la construcción de puentes, para compra de petróleo, entre otros delitos que, todo indica, habría cometido el actual presidente. ¿Acaso estos delitos no son tan o más graves que los delitos e infracciones previstos en la Constitución?

Hasta aquí veo una necesaria reforma constitucional que impida que una mayoría congresal blinde al Presidente por delitos comunes como los antes mencionados; es decir, que no sean de función. Así, si la fiscalía amerita se le aperture investigación preliminar, y el Pleno del Congreso, con una votación de 66 congresistas a favor, se le vaca al Presidente. Sin embargo, considero que, tal como están redactadas las normas, con una interpretación simple, podemos concluir que el Presidente puede ser investigado, acusado, sentenciado y vacado por delitos comunes, sin la necesidad de aplicar la institución de la flagrancia.

Una interpretación complaciente con la delincuencia e impunidad determinará que nuestro sátrapa presi, tu presi, mi presi, siga libre sin ser acusado por los múltiples delitos cometidos.

Quijotes, sólo la juventud y la experiencia juntos en las calles es la fórmula mágica para la ¡Jubilación Política del Pollino Castillo!

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