Alejandro Tudela Chopitea

Alejandro Tudela Chopitea

EL TONEL DE DIÓGENES

Acerca de Alejandro Tudela Chopitea:

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Debate carcelario

Un amigo extranjero quedó sorprendido por el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses contra el expresidente PPK. No comprendía cómo una persona mayor de 80 años y que padece cardiopatía severa por la que se encuentra internado en una clínica podía representar tal peligro procesal.

Después de explicarle que lo más probable era que esta drástica medida sería variada, por lo menos, por una detención domiciliaria –como en efecto ocurrió–, su indignación disminuyó sin por ello entender la razón del calvario. Al día siguiente, el Poder Judicial publicó un comunicado defendiendo la actuación y la autonomía de la magistratura, sosteniendo que un investigado o procesado afectado tiene el derecho de apelación ante la instancia superior. En medio de la discusión, ha empezado a correr la tesis de que estas medidas de privación de la libertad sin que exista sentencia condenatoria previa violan la presunción de inocencia garantizada por la Constitución y que deben abolirse. Si la cosa sigue así, estamos cerca del pandemónium.

La jurisprudencia del TC establece claramente que ningún derecho es absoluto y que las detenciones preliminares o prisiones preventivas provisionales son constitucionales –como en cualquier parte del mundo democrático– siempre que cumplan con el debido proceso y no resulten arbitrarias. Tanto el TC cuanto la Corte Suprema han determinado con bastante precisión los criterios y reglas bajo las cuales su aplicación es legítima y necesaria en el sistema de justicia, pero está visto, dado el válido debate nacional abierto, que no todos los fiscales y jueces de grado inferior cumplen debidamente esta jurisprudencia obligatoria.

El problema no es legal ni legalista, sino que la magistratura, al aplicar el Código Procesal Penal, lo haga observando e interpretando rectamente las sentencias del TC y las ejecutorias y decisiones de los plenos casatorios de la Corte Suprema vinculantes. Tampoco es aceptable que se alegue campantemente que una prisión arbitraria puede ser corregida mediante una apelación y sanseacabó puesto que se ha privado abusivamente de la libertad. Ante ello, ya que somos campeones legislando, proponemos que se desarrolle normativamente lo dispuesto por el artículo 139, numeral 7 de la Carta Magna que establece el derecho a la “indemnización (…) por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiese lugar”. Ayudaría a parar la mano a tanto juez canero. ¡Amén!





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