Alejandro Tudela Chopitea

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EL TONEL DE DIÓGENES

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Hinostroza y García

Empecemos por los hechos: el impresentable ex juez supremo Hinostroza, burlando el impedimento de salida dictado en su contra, se fugó del país y aterrizó en España donde muy suelto de huesos solicitó asilo territorial. El Ejecutivo, demostrando mejores reflejos, promovió su detención provisoria con fines de extradición y hoy pasa sus días tras las rejas en el penal madrileño de Soto del Real. Al expresidente García se le impuso la misma medida, la que no apeló y declaró que no es un “deshonor” permanecer en el Perú y ejercer su defensa. Empero, a las pocas horas alegó que sería víctima de una prisión preventiva y se mandó mudar a la residencia del embajador del Uruguay donde pidió asilo diplomático, el que al pergeñar estas líneas sigue bajo análisis del gobierno uruguayo.

Ciertamente ambos casos son diferentes, aunque en los dos los protagonistas aducen persecución política y falta de garantías judiciales. Hinostroza, sin duda, la tiene más difícil –por no decir imposible–, no solo por la larga lista de presuntos delitos comunes por los que se encuentra encausado, sino porque el avocamiento de la justicia española en la que se le ha negado hasta la fianza permite asumir que su rocambolesca solicitud de asilo será rechazada. En la del exmandatario García, cuyo caso está a nivel de investigación preliminar fiscal, el asilo de marras puede parecer de pronóstico reservado más por los entretelones del “sorpresivo” ingreso a la embajada y la elección al Estado asilante, que porque el pretendido asilo político tenga fundamento o validez, ya que la pesquisa fiscal es igualmente por la supuesta comisión de delito común.

Por más grita que sostenga que en el Perú existe persecución y criminalización política, la verdad es que esto es una falacia. Aquí rige el Estado Constitucional de Derecho en el que el sistema de justicia –en especial, el anticorrupción y contra el lavado de activos–, con sus aciertos y errores, actúa independientemente. Las decisiones de fiscales y jueces atacados de “activistas” o justicieros son confirmadas o revocadas por las instancias superiores con las garantías del debido proceso y, por último, está el TC para enmendar cualquier violación de los derechos fundamentales (ejemplo, sentencia en el proceso de los Humala). Lo que sí sería recomendable, para disminuir el pandemónium, es que Gobierno y parlamentarios fuesen más prudentes en sus declaraciones sobre la administración de justicia. ¡Amén!

 





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