Columnista - Alejandro Tudela Chopitea

La hora del TC

Alejandro Tudela Chopitea

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23 oct. 2019 02:30 am
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Hace tiempo leímos esto sobre el TC español: “Después de todo, ni Jesús, ni los señores (del TC) pertenecen a este mundo. El primero, por razones obvias; los segundos, porque son eternos (…). El Tribunal no mueve una pestaña porque su reino no es de este mundo. El cómputo del tiempo de estos señores no tiene nada que ver con el nuestro (…)”

La crítica claramente apuntaba a la morosidad en la resolución de los casos –algunos llevaban esperando más de 10 años-, y aunque ciertamente existen atenuantes (v.g. carga procesal, complejidad de la materia etc.), el reproche no deja de ser válido y, por supuesto, puede ser aplicable a nuestro TC. Estos borrones vienen a cuento porque el máximo Tribunal de control de la Constitución en el Perú tiene al frente la responsabilidad histórica de resolver la demanda competencial interpuesta por el presidente del disuelto Congreso, contra el jefe de Estado precisamente por suprimirlo en la práctica –salvo por la Comisión Permanente que funciona-, y, lo último que el país aguanta a estas alturas es que se dilaten los plazos para dictar sentencia.

En el desarrollo de este proceso competencial, cabe primero exigir al primer mandatario que acelere el paso y se conteste la demanda prontamente y no en el último día procesal. Producido esto, el TC debe citar sobre la marcha a audiencia, escuchar los informes orales de ambas partes y sentenciar con la urgencia que el grave conflicto político–institucional que atraviesa la Nación exige. Esto en cuanto a los tiempos.

Sobre el fondo del pleito constitucional, metemos la cuchara como tantos. Sería un despropósito del Pleno del TC no admitir a trámite la demanda “arguyendo” falta de legitimidad del demandante por estar disuelto el Parlamento ya que lo que se discute es la constitucionalidad de la disolución y se atentaría gravemente contra el derecho de defensa. En cuanto al sentido del fallo, resulta indispensable que el TC precise su sentencia anterior determinando los criterios que regulan el planteamiento de la cuestión de confianza por el Ejecutivo. Por último, cualquiera que sea su decisión y recurriendo a su propia jurisprudencia, los efectos de dicha resolución deben modularse atendiendo al principio de previsión pública o social que evite ahondar la crisis institucional en que se halla la República.

Sabemos que en este crucial litigio –como en muchos otros-, los magistrados del TC aparecen divididos en dos facciones. Déjense, pues, de banderías y ayuden a sacar al Perú del atolladero.

¡Amén!

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