Alejandro Tudela Chopitea

Alejandro Tudela Chopitea

EL TONEL DE DIÓGENES

Acerca de Alejandro Tudela Chopitea:

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Otorongo no come congresista

Otra vez el mismo tema, aunque habrá que decir que el debate sobre la vigencia de la inmunidad parlamentaria o de su supresión porque su uso y abuso político termina encubriendo a delincuentes y corruptos y apañando la impunidad se da a nivel planetario.

Ahora se trata de un padre de la patria con asiento en la mesa directiva saliente del Congreso y que se encuentra muy campante en Rusia gozando de la copa mundial de fútbol. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ha rechazado, hace poco, el pedido de la Corte Suprema para que sea procesado por los presuntos delitos de fraude procesal, contra la administración de justicia y contra la fe pública, descalificando la acción por una inexistente “prescripción” y por el ya socorrido y manoseado “propósito político” de la imputación. El caso se remonta al 2012 y tratándose de delitos comunes lo que debió proceder es que la comisión levantase el fuero al susodicho para que en la vía judicial se resuelva la responsabilidad penal. Pero no, funcionó el otoronguismo y “por unanimidad”.

Las cosas claras: el artículo 93 de la Constitución garantiza que los legisladores no pueden ser detenidos ni procesados criminalmente sin la aprobación previa del Parlamento. Esta garantía procesal existe para prevenir causas o detenciones politizadas con el fin de desaforar al congresista o perturbar el debido funcionamiento del Poder Legislativo. Hasta allí todo bien, pero si estamos –como parece por los hechos–, ante un debido proceso penal a santo de qué, si no es por el nefasto espíritu otoronguista, la comisión deniega el pedido judicial y suplanta y desconoce la jurisdicción de otro poder del Estado.

El TC ha establecido como regla que el rol del Congreso en estos asuntos debe limitarse a verificar la ausencia de contenido o móvil político que pudiera hallarse encubierto en una denuncia de “mera apariencia penal”. Por lo visto y conocido, la comisión ha hecho tabla rasa de este criterio constitucional y los parlamentarios involucrados habrían actuado de modo parcializado, politizando un proceso común con la finalidad de impedir el enjuiciamiento de su colega.

Una raya más al tigre –emparentado con el otorongo–, y que aumenta el descrédito del Congreso de la República. ¿Hasta cuándo? ¡Amén!





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