Alejandro Tudela Chopitea

Alejandro Tudela Chopitea

EL TONEL DE DIÓGENES

Acerca de Alejandro Tudela Chopitea:

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Post mortem

El suicidio del expresidente García ha conmovido al país y, como es evidente, la fatal noticia ha dado la vuelta al mundo. La determinación de matarse, por las causas que fueren, inevitablemente, conmueve, consterna, conduele o remece de otro modo según la opinión que se tenga del fallecido. En este caso, por el personaje y las circunstancias del deceso, la tragedia se da la mano con la polémica.

El exjefe de Estado, doblemente elegido democráticamente, iba a ser detenido y su casa allanada. Todo indica que sospechaba esta intervención fiscal y que a pesar de sus declaraciones públicas de la víspera en que manifestó que “después de haber sido Presidente del Perú dos veces no estoy para tener temor de esas cosas”, el exmandatario no estaba dispuesto a terminar enmarrocado con un chaleco de detenido de la policía y decidió acabar con su vida.

No es nuestra intención calificar esta muerte. Si fue un acto de cobardía o de coraje; si se produjo para evitar que se mancille la dignidad presidencial o más bien para evadir la presunta responsabilidad penal que lo persiguió en sus dos gobiernos, quedará para la discusión y lo que se pruebe al final. Lo que ahora importa, por el debate nacional abierto, es si las medidas de coerción procesal, sean la detención preliminar o la prisión preventiva, necesarias en especial para combatir la criminalidad organizada y la corrupción, se vienen aplicando debidamente por la Fiscalía y la Judicatura.

Sin duda, el suicidio de Alan García en plena diligencia fiscal autorizada por un juez competente ha agudizado al máximo la controversia ya instalada por la cuestionable privación de libertad del también expresidente Kuczynski y de otras personalidades. Nada daña más al Estado Constitucional de Derecho y al Sistema de Justicia que la creciente percepción ciudadana de que en la indispensable lucha anticorrupción se están cometiendo excesos y abusos que la politizan y deslegitiman y que la jurisprudencia del TC y de la Corte Suprema que fija los estándares garantistas para imponer estas medidas extremas es apenas papel mojado.

En esta delicada coyuntura, es hora de que el presidente del Poder Judicial y la fiscal de la Nación pongan orden en sus casas. ¡AMÉN!





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