Alejandro Tudela Chopitea

Alejandro Tudela Chopitea

EL TONEL DE DIÓGENES

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Reparación ¿Irreparable?

No es una adivinanza, ojalá lo fuese. Hace escasas semanas la indignación recorrió el país debido a que el moroso Poder Judicial impuso detención domiciliaria a dos nefandos terroristas que asolaron el país. La protesta ciudadana estalló no solo por la excarcelación sino porque estos criminales impenitentes no han pagado ni un centavo de la reparación civil que le deben a la nación.

Ante ello, más de un congresista oportunista clamó anunciando proyectos de ley que, por lo menos, determinen la imprescriptibilidad del cobro de la reparación civil ya que, como es público en esta bendita tierra, decenas, por no decir centenas, de condenados sanguinarios o por delitos de cuello y corbata adeudan desde hace años el pago de esta obligación.

Han pasado semanas y mientras el Parlamento sí ha tenido tiempo para aprobar leyes declarativas que son un brindis al sol –por no utilizar el término ofensivo de “saludo a la bandera”– nada ha hecho sobre la reparación civil. Y zas, si el Poder Legislativo sigue lento en esto, el Judicial acaba de escandalizarnos a través de una Sala Penal de Lima que ha resuelto que en el caso de los corruptos y montesinistas hermanos Winter la reparación de más de US$ 4 millones a su cargo ha quedado extinguida e incobrable por el transcurso del tiempo, ergo ha prescrito. Si esta barbaridad, que ha sido apelada, se convierte en precedente no menos de S/ 7 mil millones que terroristas, facinerosos y malandrines de toda laya le deben al país valdrán menos que los intis emitidos por un malhadado gobierno del pasado.

En el Perú no hay prisión por deudas, y si bien la reparación civil se fija conjuntamente con la pena con el propósito de que el delincuente restituya el bien afectado o su valor, así como pague la indemnización por los daños y perjuicios causados, lo cierto es que no existe una línea del Código Penal que autorice la aberración cometida por estos jueces. La interpretación analógica de la prescripción de la obligación en la ley civil que ha efectuado la judicatura para aplicarla a la extinción de la reparación civil, resulta un despropósito y una afrenta para las víctimas y la lucha contra la corrupción que, confiamos, la Corte Suprema revocará y fulminará. Empero, ya que existe un vacío legal en el Código Penal, bien harían los poderes Ejecutivo y Legislativo –que andan hoy en mejores migas– en ponerse ya las pilas y aprobar y promulgar la ley que declare la imprescriptibilidad de la acción de cobro de la reparación civil. ¡Amén!





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