Alfredo Vignolo

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LIBERTAS OPINIONIS

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La constitucionalidad de luto

Toda Constitución Política se entiende como la Ley de leyes de un país, sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas. Esta controla, regula y defiende los derechos y libertades de las personas y organiza los poderes e instituciones políticas.

La interpretación de las normas jurídicas implica otorgarles un sentido; en el caso de la Carta Magna, su interpretación adquiere suma importancia pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política de un país. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las demás normas.

A pesar de este concepto el Tribunal Constitucional (TC) decidió, por mayoría, declarar infundada la demanda competencial planteada por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, la cual buscaba que se deje sin efecto la disolución del Parlamento llevada a cabo por el presidente Vizcarra, argumentando una “denegación fáctica”.

Los magistrados que rechazaron el recurso fueron Marianella Ledesma, presidenta del TC, Carlos Ramos, autor de la ponencia que declara constitucional la disolución del Parlamento, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña.

Por su parte, José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero votaron en contra de que se apruebe la ponencia de Ramos y señalaron que la decisión de Vizcarra fue inconstitucional.

Estos singulares magistrados parece que desconocen lo que especifica el Artículo 38 de la Ley de leyes, que señala que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

El Artículo 201 de la Carta Magna manda que el TC es el órgano de control de la Constitución, es autónomo e independiente y el Artículo 202 contempla que corresponde al TC, conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

Este era el momento en el que el TC tenía la oportunidad histórica de establecer normas que permitan interpretar de manera correcta desde la Constitución, la forma como debe entenderse negada una cuestión de confianza; sin embargo, los magistrados abdicaron y se sometieron al Ejecutivo, ya la historia los juzgará, desconociendo que el TC no es un ente político sino constitucional y que no debe resolver por ninguna presión venga de donde venga.

La demanda debió ser declarada fundada porque sí hubo infracción por parte de Vizcarra, porque utilizó una figura inexistente en nuestro ordenamiento constitucional que él mismo denominó denegación fáctica de confianza. Es un irrito jurídico haber aprobado la ponencia de Ramos tal como estaba.

Si bien el Ejecutivo tiene facultades para presentar iniciativas legislativas, preferencia en el trámite e incluso plantearlas como cuestión de confianza, lo que no puede hacer es interrumpir, suspender e incluso dejar sin efecto un proceso de nombramiento de magistrados que se encontraba en marcha. Esa competencia es exclusiva responsabilidad del Parlamento.



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