Alfredo Vignolo

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Acerca de Alfredo Vignolo:



Ministros bailan samba

En nuestro país rige la Ley No. 27815 (Ley del Código de Ética de la Función Pública). Se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado.

Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación -difícil de entender en el Gobierno de Vizcarra, donde casi todos los ministros están involucrados directa o indirectamente en un flagrante conflicto de intereses- de conformidad con lo dispuesto en la Carta Magna y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

El escudero-premier Zeballos a través de la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga de dictar las normas interpretativas y aclaratorias de tal código, pero parece que sigue en la luna de Moquegua, lo correcto es que dé un paso al costado, quiera o no tiene responsabilidad política, lo de Odebrecht es un escándalo, que involucra al Ejecutivo, es casi imposible pensar que el nuevo Congreso de la República que se instale investigue el caso.

La ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla –la de “modo Navidad”- tiene responsabilidad política y no le quedó otro camino que la renuncia, ella fue la que autorizó la devolución por la venta de Chaglla; más aún el saliente procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, confirmó que fue ella quien llamó al –hoy defenestrado- ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu, para la reunión con funcionarios de Odebrecht.

El Artículo 6 del referido Código de Ética de la Función Pública, sobre los Principios de la Función Pública, señala en el inciso 2do: “Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”; sin embargo, la realidad… es muy diferente, es letra muerta.

El Artículo 8 prevé que el servidor público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo; así como de obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

A Vizcarra no le quedó otra que aceptar la renuncia de su ministro de Energía y Minas y a las 48 horas de la ministra de Justicia, sumado a la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones. Estamos en una crisis ministerial, el gabinete en pleno puso su cargo a disposición.



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