Alfredo Vignolo

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LIBERTAS OPINIONIS

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Trasgresión

Mediante sentencia del 28 de abril de 2015 (Expediente No. 93-2010) emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, tres jueces revocaron la sentencia del 24 de marzo de 2014 (es decir, luego de un año) declarando fundada la demanda de Nulidad del Testimonio de Escritura Pública de dación en pago que otorgó la Comunidad Campesina de Cucuya, a favor de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha, aduciendo que dicho terreno no es parte de la matriz que se encuentra registrada en el Tomo 11-H Huarochiri del Registro de Propiedad Inmueble continuada (Partida Electrónica No. 11069102).

Vulnerando de esta manera el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, al dejar de valorar e ignorar la leyenda del plano (delimitación de terreno) que evidencia que el predio otorgado en dación en pago a la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha se encuentra dentro de los linderos de la Comunidad Campesina de Cucuya, algo por lo menos increíble dentro de los cauces del Derecho y la justicia.

El Ministerio Público flagrantemente omitió lo preceptuado en el Artículo 20 (Inimputabilidad) del Código Penal que prevé que “Está exento de responsabilidad penal:”, inciso 8 “El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”, y abrió maliciosamente investigación sobre la base de una sentencia ya emitida, que es cosa juzgada de acuerdo al ordenamiento constitucional y jurídico y de manera arbitraria solicitó prisión preventiva para los directivos de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha, la cual como era de Derecho, fue declarada infundada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado; sin embargo, y violando la juridicidad que se supone tiene que imperar fue revocado por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializado con grave vulneración al debido proceso y la tutela jurisdiccional sin fundamentar los requisitos para la prisión preventiva previstos en el Artículo 268 del Código Penal.

Es más que evidente que detrás de este abuso sui géneris que versa sobre la dación en pago de la Escritura Pública se encuentran terceros interesados de materializar su organización criminal en las resoluciones, lo cual es corroborado mediante la sentencia del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa que con fecha 11 de noviembre de 2019 fija fecha para el 26 de diciembre 2019 a fin de que se reciban los descargos de los magistrados involucrados; sin embargo, a los tres días, emitieron otra resolución que dispuso que ingrese a despacho el expediente para resolver, emitiendo sentencia el 2 de diciembre de 2019 por el juez Ramos Olanda Orestes Edmilton, siendo sábado el 30 de noviembre y el 1 de diciembre domingo, con lo cual se vulnera el irrestricto derecho de defensa, dado que era imposible hacer informe oral a fin de ser escuchado por el referido magistrado.

Confiemos en que el Ministerio Público actúe a fin de recabar las pruebas dado que los indicios son más que contundentes.



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