Salvo la prensa corrompida y los ayayeros palaciegos, a estas alturas del vizcarrato, el resto del país está convencido de que la Fiscalía de la Nación lo ha decepcionado. En consecuencia ha contribuido de manera clara a quebrantar los cimientos del Estado de derecho y la democracia. Por tanto, la confianza ciudadana en el sistema nacional de Justicia –del cual forma parte el Ministerio Público– sencillamente se ha desvanecido. Coyuntura gravísima para un país en crisis moral, política, sanitaria, económica, social y en víspera de elecciones generales.

Sigue vigente el lacerante pacto secreto suscrito por dos fiscales –Vela y Pérez– con la corruptora Odebrecht, mediante el cual, sin justificación alguna, se le condonase a Odebrecht ochenta por ciento del total de obras que ha ejecutado –todas manchadas de podredumbre– para centrarse apenas en cuatro “por ser las únicas con corrupción”, aduce Odebrecht. Bastaría ese hecho para declarar nulo –por falsario– dicho acuerdo. Sin embargo el carácter de misterio impenetrable que le ha concedido la Fiscalía a ese pacto eleva al extremo una sospecha de connivencia entre los firmantes peruanos y sus pares brasileños. Si a ello se suma que los fiscales extralimitaron sus funciones –entrometiéndose en temas que competen a Sunat, como fue condonarle a Odebrecht más de S/ 1,000 millones en impuestos– no cabe duda de que el citado acuerdo ha perdido su valor, y que los fiscales Vela y Pérez irían camino a ser procesados apenas cuando desaparezca este régimen autocrático y falaz que aún preside Martín Vizcarra.

Por si fuera insuficiente, Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación, vendría urdiendo un plan que, por sus características, apuntaría a ensuciar la participación de la Fiscalía en la investigación de las andanzas del aún mandatario Vizcarra. En efecto, el fiscal Juárez le abrió investigación al susodicho. Sin embargo Ávalos incorporó a un segundo fiscal para lo mismo. Una trampa flagrante que sólo se explica porque la autoriza la cabeza del Ministerio Público –amiga de Vizcarra, según la exsecretaria de este– a sabiendas de que esa mera duplicidad podría anular toda la investigación.

Este hecho permitiría que el todavía presidente logre que la Justicia declare nula la etapa de investigación fiscal, con lo cual quedaría excluido de ser procesado por sus felonías. El Legislativo debe intervenir en ambos extremos, tanto para exigir la publicación del pacto secreto suscrito con Odebrecht como para desbaratar la trama que viene tejiendo la Fiscal Avalos para blindar al Presidente, apelando a que –en simultáneo– éste viene siendo investigado por dos fiscales. Aunque desafortunadamente este Congreso, engendrado tras el golpe de Estado que dio Vizcarra, no se atrevería a hacerlo.

Ni durante el fujimorato, con Blanca Nélida Colán presidiendo la Fiscalía de la Nación –convertida en demonio por esa mismísima progresía marxista que ahora respalda sin pestañar a su par, Zoraida Ávalos, envuelta en algo tan extraño alrededor de Vizcarra– el Ministerio Público se había sometido de manera tan oprobiosa al poder Ejecutivo.

Hecho que la historia se encargará de revelar y castigar en caso no lo haga la Justicia