Los peruanos nos venimos preguntando, por qué razón hasta el día de hoy el Congreso de la República no invita al Jefe del Comando Conjunto y a los Comandantes Generales de los Institutos de las FFAA, para que puedan dar su opinión sobre si el Parlamento debe o no aprobar el Acuerdo de Escazú, teniendo en cuenta al respecto que nuestra nación le ha dado a estas, el trascendental encargo de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, tal como lo señala el Art. 165 de nuestra Constitución Política, valores fundamentales, que podrían estar en riesgo de ser afectados. Esto adquiere especial relevancia en las actuales circunstancias, no solo en cuanto a la pérdida de soberanía, sobre la que mucho se ha explicado y con toda razón, sino incluso respecto de nuestra integridad territorial –que significa de acuerdo a la doctrina, inseparabilidad y protección contra cualquier forma de menoscabo–, la misma cuyo dominio estaría también en grave riesgo, ya que gran parte de nuestro territorio se podría convertir en piezas de museo, al otorgarle a tribunales extranjeros el poder de impedirnos disponer plenamente de su uso y explotación.

Es pues preciso entender que no es posible un pronunciamiento del Congreso de la República sobre el particular, sin conocer previamente la opinión de quienes representan a las FFAA, porque ello significaría haber ignorado este precepto constitucional, pese a su enorme importancia, y por ende ser prioritario en esta decisión del Congreso. En tal sentido, solo podría explicar pero en modo alguno justificar esta omisión, que se haya planteado alguna interpretación política artificiosa, orientada a confundir e impedir, que el Congreso proceda a esta invitación. Sabemos los peruanos que existen importantes intereses políticos internacionales, favorables a la aprobación de este Acuerdo, cuyos representantes en el país no solo no han disimulado este interés, sino que están pidiendo explícitamente esta aprobación al Congreso.

Esta idea interpretativa por absurdo que parezca, sería la de considerar que el Congreso no puede pedirle su opinión a los altos mandos de las FFAA, sobre el citado tema del Acuerdo de Escazú, porque estas no son deliberantes. La no deliberación supone, de acuerdo a la doctrina constitucional, una iniciativa militar concertada, con el ánimo de imponer un criterio “con eficacia ejecutiva”, lo que por cierto no ha ocurrido. Por ello deviene en irracional e insidioso, pretender que las Fuerzas Armadas no puedan ser consultadas por los representantes de los poderes del Estado, que requieren la información en aquello que atañe a su responsabilidad constitucional y profesional, y que forma parte de su misión militar. Con ese descabellado criterio generalizado y políticamente interesado, no se les podría consultar nada, ni siquiera en temas propiamente bélicos; ello llevaría a cuestionar su propia existencia, lo que es inaceptable.