Columnista - Ana Jara

NO AL APARTHEID POR ORIENTACIÓN SEXUAL

Ana Jara

7 abr. 2017 00:00 am
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E sta semana hemos asistido a un claro ejemplo de “Legalismo” (según la RAE: “Tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin considerar otras circunstancias”), en la Comisión de Constitución del Congreso de la República que acordó derogar el extremo del Decreto Legislativo 1323 que penaliza los crímenes de odio, la discriminación e incitación a ésta, contra la población LGTBI (antes llamada “Comunidad Gay”), promulgado por el Poder Ejecutivo en enero de este año.
Si finalmente el Pleno llegara a derogar esta norma que está vigente, que sanciona el trato desigual, la instigación, el azuzamiento a los actos de agresión que puede llegar incluso hasta el asesinato de personas motivadas por prejuicios contra su orientación sexual, sería un enorme retroceso en materia de protección a poblaciones aún en estado de vulnerabilidad.
Considero infundadas las críticas que señalan que se trata de una “Ley Mordaza” contra aquellos que no comulgan con personas LGTBI, ya que ésta no atenta contra la libertad de expresión y opinión, sino que apunta a sancionar el trato desigual y la violencia.
Meditemos, ahora son las personas LGTBI, en el pasado lo fueron las analfabetos, las mujeres, los afrodescendientes, judíos, protestantes, personas con discapacidad, los hijos extramatrimoniales, etc., y mañana podrían surgir nuevas figuras de APARTHEID LEGAL (política de separación y marginación), contra migrantes por cambio climático o de conflicto armado o musulmanes o africanos, por citar ejemplos; de ahí la importancia de legislar en favor de la NO DISCRIMINACIÓN.
Señores(as) congresistas, mientras ustedes se pierden en formalismos, qué hacemos con las escalofriantes cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala que entre enero de 2013 y marzo de 2014 se registraron en el Perú 17 asesinatos y 7 afectaciones a la integridad de personas LGBTI, y las del Ministerio de Educación, 114 casos de ‘bullying’ homofóbico en instituciones educativas a nivel nacional, entre enero de 2014 y junio de 2016 (sin perder de vista que el tema de violencia está ligado al de inseguridad ciudadana).
Queda claro luego de las explicaciones del premier Fernando Zavala y de la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, que el Ejecutivo sí contaba con facultades para legislar en materia penal en temas de seguridad ciudadana, feminicidio y sus agravantes, violencia familiar y la violencia de género (literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Delegación de Facultades, Ley N° 30506), por lo cual es CONSTITUCIONAL en todos sus extremos el Decreto Legislativo 1323, y porque además esta norma regula DERECHOS HUMANOS inspirados en la protección de poblaciones en estado de vulnerabilidad (LGTBI) que vista la casuística de violencia contra ellos, requieren del Estado medidas de amparo a su integridad.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales el Perú es Parte, conforman nuestro Ordenamiento jurídico y detentan rango Constitucional (Sentencia del 24.04.2006 del Exp. 047-2004-AI/TC, F.J. 61 y Sentencia del 25.04.2006 del Exp.0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, F.J. 26), que fue citado en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1323.
En suma, desproteger a la población LGTBI, eliminando una norma que penaliza los llamados crímenes de odio, sería en la práctica convalidar una especie de APARTHEID por orientación sexual.

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