Ana Jara

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LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Acerca de Ana Jara:



Tendrá mi voto

  • Fecha Viernes 15 de Noviembre del 2019
  • Fecha 2:30 am
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Como es clásico en el Perú, durante los procesos electorales se escucha a los candidatos todo tipo de promesas, tal cual la expresión “de todo como en botica”, y esto es lo que viene pasando a propósito de las Elecciones Parlamentarias de ENE2020 donde muchas de las ofertas que buscan captar votos no están siquiera vinculadas a las competencias de un congresista, pero ahí vamos de nuevo, el sufrido elector tiene que soportar oír o ver propuestas de todo calibre, hasta aquellas que pretenden hacernos creer que se “vota por el/la candidato/a y no por el Partido Político que lo postula”, lo cual es una monumental falta ética (por no decir algo más fuerte) que debiera ser sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco del mentado “Pacto Ético” suscrito por las organizaciones que participarán en los próximos comicios electorales, sencillamente por ser una aceptación tácita al uso de un partido como trampolín o vientre de alquiler, lo que socava la institucionalidad y por ende la democracia.

Esta columnista no postulará al Congreso en enero próximo (pese a haber recibido propuestas) y eso me deja en total libertad de ejercer mi derecho a voto como cualquier ciudadana, por la organización y el/la candidato/a de su lista que tenga propuestas concretas y viables a favor de la niña y la mujer y también la defensa de la Reforma Universitaria impulsada en el quinquenio anterior. Y en ese norte, pondré un ejemplo de un tema cuyo marco legal requiere ser urgentemente modificado para garantizar el ejercicio efectivo al “Derecho a los Alimentos”, que es a su vez un derecho humano fundamental; al haberse comprobado que estos procesos dizque “sumarísimos” (de trámite brevísimo), que debieran ser resueltos en primera instancia en un plazo no mayor a 30 días hábiles, se tiene que de los casos examinados entre el 2014 y el 2017 por la Defensoría del Pueblo (1), en la práctica solo el 2.6% concluyó en ese plazo, en tanto que un 28.2% lo hizo entre 181 a 365 días (de 6 meses a 1 año) y un 19.3% en un plazo mayor a 365 días (más de un año), cifras por demás VERGONZOSAS.

Y a más de esto, peligrosamente un 45% de los procesos de alimentos concluyen por “ABANDONO”, sin haberse expedido sentencia, en razón de la leguleyada de que los procesos permanecieron inmovilizados por más de 4 meses desde la última actuación judicial o notificación, todo lo cual es INADMISIBLE tratándose de temas de “Derechos Humanos” en donde el juzgador no debe eximirse de administrar justicia, en todo caso, propongo se aplique el “silencio positivo” a favor del demandante de alimentos.

Quien ofrezca cambiar esta obsoleta legislación y fiscalizar su cumplimiento, tendrá mi voto.

(1) Informe de Adjuntía, Informe N° 001-2018-DP/AAC, Defensoría del Pueblo.



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