La actitud del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la ONPE nos da la impresión de una abierta parcialidad con la candidatura del señor Pedro Castillo que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, lindaría con el delito, no siendo difícil de demostrar ello.
La Constitución General de la República le atribuye competencias al Jurado Nacional de Elecciones: fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales; y administrar justicia en materia electoral. El artículo 2º de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) señala: “El Sistema Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta”. La primerísima función del JNE y la ONPE es ejercer justicia electoral y haber llevado a cabo un proceso electoral prístino, limpio y transparente. Hasta el momento, ni lo uno, ni lo otro.
Parte de esta secuencia de incumplimientos del sistema electoral que lindarían con el delito son las violaciones de la Constitución que nos rige: Artículo 179°, Pleno compuesto por 5 miembros; Artículo 183°, el RENIEC mantiene actualizado el padrón electoral (hay ciudadanos fallecidos desde hace más de un año que figuran en el padrón electoral); entre otras.
Nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio. LOE, Artículo 363: “…Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato…”. La única forma de demostrar el fraude electoral en Mesa de Sufragio es accediendo a las Listas de Electores debidamente firmadas. Si el padrón electoral es público, artículo 197° LOE, se infiere que las Listas de Electores de las Mesas de Sufragio (LOE, artículo 195°), debidamente firmadas por los ciudadanos que asistieron al acto electoral también es público; y en general, todos los procesos de elección popular son públicos. El ocultamiento de esta información demostraría que el JNE estaría abdicando su función y violando el artículo 178° de la Constitución, en complicidad con la ONPE y el Reniec.
Cuando el río suena, piedras trae. Las encuestadoras están mostrando el sentimiento de la población, más del 65% de la ciudadanía considera que ha habido o habría fraude electoral, independientemente del grupo político al que se le atribuya mayor responsabilidad en este delito. El JNE, la ONPE, y la intromisión del presidente Sagasti, son los principales responsables de la inestabilidad política y social que estamos viviendo y viviremos en el siguiente lustro.

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