El Perú entero se conmovió por la lamentable partida de Inti Sotelo y Bryan Pintado, durante las movilizaciones sociales del 14 de noviembre de 2020; lo que ocurrió en plena pandemia, en estado de emergencia, en medio de un convulsionado escenario político, en la que muchos actores, temores e intereses estaban en juego.

Martín Vizcarra, unos días antes, había sido vacado; pero se dice que éste, a como dé lugar, sin importar costos ni mediar tiempo, puso en marcha su plan para volver al poder, valiéndose de la estructura gubernamental generada durante su gobierno, en la que pudo copar y colocar operadores en puestos estratégicos, quienes, cual mercenarios, velarían y defenderían sus intereses.

Es un secreto a voces que, para retirar del poder a Merino, se pretendía sacrificar la vida de hasta cinco manifestantes. Para ello, se dice también, se había planificado y costeado tanto manifestaciones como la logística necesaria. Sino repasemos brevemente cómo ocurrieron los hechos.

El 10 de noviembre, a las 10:44 am, conforme a ley, ante el Congreso, Manuel Merino juramentaba como presidente de la República. Desde ese momento, creo yo, no espontáneamente sino azuzadas por alguien, se iniciaron las protestas sociales cuestionando al nuevo gobernante. Pero ¿cómo vacar a Merino?… pues, desde mi humilde opinión… ¡mediante protestas y muertes!

El 12 de noviembre, pasado mediodía, Ántero juramenta como premier, y como ministro del Interior Gastón Rodríguez Limo. Unas horas después, aproximadamente a las 6:00 pm, Ántero Flores y Gastón Rodríguez, mediáticamente ya se les cuestionaba mediante numerosos y frenéticos reportes noticiosos sobre dos heridos por disparos “con canicas”. Sorprendentemente, con inusual sospechosa celeridad, el 13 de noviembre, Ántero y Gastón ya tenían dos citaciones ante el Congreso: una ante la Comisión de Justicia, y la otra ante la Comisión de Orden Interno.

A primeras horas del 14 de noviembre, Rodríguez Limo solicita información al Gral. Jorge Luis Cayas Medina, jefe de la Región PNP Lima, sobre los heridos “con canicas”, indicándole que la PNP deberá planificar, organizar y ejecutar un plan estratégico para reponer y mantener el orden público, con el respeto irrestricto de las normas y los derechos humanos de los manifestantes.

Sin embargo, desgraciadamente, durante las manifestaciones, en la noche del 14 de noviembre, con la maldad asalariada propia de un sicario, se disparó contra Inti y Bryan arrancándoles la vida.

¿Los culpables? ¡Nunca se sabrá! Pero si analizamos la coyuntura política y los intereses en juego, por los indicios, podríamos lanzar varios nombres, y ninguno sería ni Ántero ni Gastón.

El 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, increíblemente presentó denuncia constitucional contra Ántero Flores- Aráoz, Gastón Rodríguez Limo y Manuel Merino, responsabilizándolos como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves (a título de dolo eventual) por supuestamente incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos.

Desde mi perspectiva, la acusación fiscal no tiene sustento legal alguno, menos aún si tenemos en cuenta que, durante el gobierno de Sagasti, Inspectoría General de la PNP, mediante Resolución N° 53-2021-IGPNP/UNIEIE, del 26 de julio de 2021, exculpó de toda responsabilidad a los dos generales y nueve oficiales involucrados en la investigación.

Entonces, cómo así, la fiscalía, sí encuentra responsabilidad en aquellos que, por sus cargos políticos, no les correspondía ser garantes de la restauración y el mantenimiento del orden público.

Finalmente, muchos peruanos confiamos que la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República archivará la acusación fiscal, de tal manera que Ántero y Gastón preserven sólidos su buen nombre y su ganada reputación.

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