Ántero Flores Aráoz

Ántero Flores Aráoz

POLÍTICA DE ESTADO

Acerca de Ántero Flores Aráoz:





Desidia irresponsable

Cuando se quiebra el orden público o cuando se anuncia su perturbación sin que el Gobierno Central haga lo necesario para restituirlo o para impedirlo, estamos ante lo que podríamos denominar como desidia, la cual es irresponsable por cierto, pues es obligación gubernamental mantener el orden público y restablecerlo en caso de ser afectado.

Nos estamos refiriendo en esta oportunidad al anuncio de lo expresado en comunicado del 27 de junio pasado, desde la localidad de San Lorenzo, capital de la provincia selvática de Datem del Marañón, en que diversas comunidades nativas y federaciones del ámbito del “circuito petrolero” reclamaban por carencias de electricidad, agua y centros de salud, entre otros requerimientos como remediación de los derrames de petróleo e incumplimiento de acuerdos pactados, lo que no tendría nada de extraño pues están en su derecho a reclamarle al Estado lo que pudiese corresponder.

Sin embargo, a lo que no tienen ningún derecho es a amenazar al país con “movilización y control del territorio”, como señala el comunicado al que nos referimos, complementado con el anuncio del dirigente Ismael Pérez en un canal televisivo, en el sentido de que el 5 de julio iniciarían un paro indefinido en todo el circuito petrolero, que tiene por objetivo la lucha por el “control territorial”. También se expresó que las acciones de lucha se iniciarían en la Estación Cinco hasta el último pozo petrolero.

Pues bien, aunque deberíamos decir pues mal, el Gobierno no hizo nada para impedir que se convirtiera en realidad la amenaza, y los revoltosos tomaron la estación petrolera aludida, lo que ha motivado que Petroperú, empresa del Estado, reclame por la desatención gubernamental del problema y deje sin protección alguna las instalaciones petroleras que tanto han costado al erario nacional. Lo ha hecho en tono bastante diplomático, pero en la práctica es una seria llamada de atención.

La situación aludida es muy grave porque además es harto conocido que en algunas oportunidades ha habido actos de violencia contra el oleoducto, pero con omisión de investigaciones serias que lleven a la identificación de los culpables y a su procesamiento judicial.

Las amenazas anunciadas y ya en ejecución, deberían generar las denuncias del caso por los procuradores del Estado ante el Ministerio Público, y el Gobierno Central ordenar la restitución del orden público, como es su obligación, con la actuación de la Policía Nacional y, de ser el caso, con la cooperación de nuestras Fuerzas Armadas. El tema no es para bromas, pues si es que no se actúa, como dice el refrán, el mal ejemplo cunde.

En lo señalado hay una clara asociación para delinquir y las amenazas y actos violentos en cuestión lindarían con los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, y no nos vengan con el tema de la interculturalidad, diferencias étnicas o distintas cosmovisiones para consentir lo injustificable.  El texto del comunicado amenazante es clara muestra que sí saben los autores que están indebidamente pechando a la Nación.





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